Ciudad de México, 17 de agosto de 2026

La Comisión de Radio y Televisión, que preside el diputado Miguel Ángel Monraz Ibarra (PAN), llevó a cabo en el Palacio Legislativo de San Lázaro el foro de diálogo legislativo “Libertad Editorial, Regulación y Derechos de las Audiencias”, con el objetivo de escuchar a académicos, concesionarios, ciudadanía y expertos en torno de la propuesta de lineamientos generales para la protección del derecho de las audiencias.

El legislador afirmó que todos quienes participan en este encuentro buscan los mejores contenidos en medios para las audiencias, pero “es claro que debemos defender la libertad de expresión, el acceso a la información y que no haya censura a ningún medio de comunicación ni a un ciudadano”.

Puntualizó que debe ser el ciudadano quien decida si prende o no un canal de televisión o sintoniza una estación de radio, pero evitando en todo momento la censura.

Precisó que este foro no tiene como fin confrontar instituciones con personas, sino dialogar y llegar a consensos, escuchando las distintas versiones y encontrando soluciones. “Hoy nos reúne un tema de enorme relevancia para nuestra democracia: la propuesta de lineamientos generales para la protección del derecho de las audiencias”.

Dijo que existe incertidumbre, discrecionalidad y poca certeza en cómo pueden terminar los lineamientos, la complejidad en los procedimientos y muchas atribuciones que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) no debe tener.

La vicepresidenta de la Mesa Directiva, diputada Paulina Rubio Fernández, expresó que un foro como este es fundamental, ya que es en este recinto donde se deben discutir los alcances de los lineamientos, los cuales han sido señalados por sobrepasar el marco legal; por ello, “hoy debemos poner a debate si la CRT debe tener la facultad o no de sancionar a un medio de comunicación cuando la ley no lo establece así”.

Apuntó que si únicamente las intervenciones terminaran en un escrito que llegará a oídos sordos se habrá perdido el tiempo, por lo que cada una de las opiniones debe ser atendida.

A su vez, el diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, coordinador del grupo parlamentario del PRI, comentó que si bien es cierto que la legislación se votó y en ella se dispuso la reglamentación, se presenta de manera abrupta y se convoca a una consulta al día siguiente, lo que llamó la atención.

Dijo que en los últimos años se ha escuchado a expertos, pero no se atienden las opiniones. Cuestionó la elaboración de una lista de periodistas para decidir quién es y quién no. “Me preocupa el momento que vive el país en materia de libertad de expresión, libertad de prensa y derecho a la información”.

Del PAN, el diputado Fidel Daniel Chimal García aseguró que, con este ejercicio, donde expertos, medios de comunicación, organizaciones y sociedad civil compartirán sus propuestas, se producirá una caja de resonancia importantísima y calificó como irónico discutir cómo proteger al ciudadano vigilando lo que se le permite o no escuchar.

“Bajo la noble y socorrida bandera de combatir la desinformación, hoy se pretende abrir la puerta a un viejo conocido del autoritarismo: el árbitro gubernamental de la verdad”, subrayó.

Primera mesa

En la primera mesa, Jorge Enrique Bravo Torres Coto, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, señaló que con la propuesta de lineamientos la CRT puede iniciar un procedimiento sancionatorio contra un medio electrónico por posturas contrarias o críticas al poder, bajo el pretexto del derecho de las audiencias. Consideró que un derecho nuevo debe ser el acceso a periodistas plenamente libres para recibir información veraz.

Martha Alicia Tudón Maldonado, oficial del Programa del Ecosistema Informativo y Tecnología de ARTICLE 19, enfatizó que no se pueden construir reglamentos que van más allá de las facultades de la CRT que marca la ley, además de que el Estado no puede erigirse como juez de lo que es verdad o no, pues hay muchos ejemplos de cómo se niega la verdad en este país, se tienen otros datos o se quiere ocultar información.

Adriana Labardini Inzunza, presidenta de CONECTADAS, aseguró que no se puede exigir lo mismo a medios comunitarios o indígenas, que son concesiones de uso social, que a los que son meramente comerciales, ya que violan el derecho constitucional de autonomía de los pueblos indígenas. Comentó que México está inundado de derechos que no pueden usarse en la vida diaria.

Por su parte, Salomón Elías Padilla Duarte, vicepresidente de la Asociación de Telecomunicaciones Independientes de México, A.C., destacó que las empresas abusan entre lo que es publicidad e información, lo cual es un tema que se debe tratar. Advirtió que este proceso denota que no hay buena fe pues no se invitó a los medios, además de que se trata de “una propuesta adaptada a la ideología del Poder”.

Enrique Pavón Baños, secretario ejecutivo de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, aclaró que lo que buscan los lineamientos es darle una voz a las audiencias y mecanismos para que puedan ejercer sus derechos. Recalcó que éstos únicamente aplican para radio y televisión, ya sean de servicios abiertos o de paga.

Comentó que la consulta pública es un ejercicio abierto, democrático y transparente, donde han participado y escuchado a todas las voces, aunque estimó que hay un área de oportunidad, como en todo documento que se elabora. “Los derechos de las audiencias han estado pendientes, pero la conversación se centra solamente en los derechos de quien difunde las noticias”.

En su intervención, Armando Zúñiga Salinas, vicepresidente de Comunicación de Coparmex Nacional, señaló que la mejor protección de las audiencias no proviene de un Estado que decida por ellas, sino de ciudadanos que lo hagan por sí mismos, pero para ello requieren de mecanismos confiables para hacer valer sus derechos, mientras que los medios requieren de independencia editorial, certeza jurídica y condiciones adecuadas para su función. 

Mesa dos

Ernesto Contreras Lamadrid, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), mencionó que en un estudio realizado a los lineamientos propuestos se encontró que además de algunos elementos de censura hay la impresión de que fue realizado por personas “detrás de un escritorio”, a pesar de que se trata de una industria dinámica y con características muy específicas en su operación.

En opinión de Arturo Ramos Sobarzo, profesor en la Escuela Libre de Derecho, los lineamientos son un intento de decirle a los periodistas cómo hacer su “chamba”, lo que es grave e inaceptable, aunado a que hay un efecto inhibidor y de autocensura.

Aleida Calleja, integrante del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias (AMDA) y Defensora de las Audiencias de Canal 22, consideró que el artículo 12 de la propuesta no debe estar, ya que excede las facultades de ley, es violatoria del artículo 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y de los principios de libertad de expresión. “No debe ser el Estado quien decida quién sí y quién no”. 

Para Diana Gamboa Aguirre, profesora de la Universidad Panamericana, se quiere un tribunal de la verdad, enterarnos solo lo que el régimen quiere que sepamos, que publica datos personales de periodistas y listas de opositores. “Es inadmisible transformar la protección de los derechos de las audiencias en una justificación para una intervención arbitraria del Estado en la libertad de expresión”.

Solange Maqueo Ramírez, directora de la Facultad de Derecho de La Salle, explicó que el derecho de las audiencias es una manifestación del derecho a la libertad de expresión, el cual no solo es para dar a conocer tus opiniones, sino también recibir información. “Reconozco que los lineamientos tienen una parte muy positiva, necesaria, nadie niega la accesibilidad y la transparencia, es un debate necesario; sin embargo, el tema central es el alcance”.

Mesa tres

Adriana Solórzano Fuentes, expresidenta fundadora de la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias (AMDA), dijo que la propuesta tiene muchas áreas perfectibles, pero sería mezquino desviar la discusión a un asunto de política o partidismo, además de que, aunque hay muchas deficiencias, hay cosas que podrían cambiarse y para ello fueron las consultas.

María Lizárraga Iriarte, consejera de A Favor de lo Mejor A.C., se pronunció a favor de fortalecer la figura de la defensoría de las audiencias y que haya una distinción clara de entre lo que es información, opinión y publicidad, así como la garantía de canales de queja, pero un objetivo legítimo y loable no exime a ningún instrumento regulatorio de la obligación fundamental de ajustarse a su propio sustento legal.

En su turno, María Elena Estavillo Flores, excomisionada del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), dijo que no hay disputa por la accesibilidad, distinguir publicidad, los defensores de audiencias, códigos de ética, sino que se necesita de mecanismos que faciliten ese cumplimiento, pero no quieren que sea la autoridad quien califique los contenidos.

Texto, Fotografía y Videos: Cámara de Diputados