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Plantea iniciativa aumentar hasta en 30 días el aguinaldo, conforme al tiempo de antigüedad del trabajador
El diputado Eduardo Gaona Domínguez (MC) impulsa una reforma al artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo para aumentar el aguinaldo anual de manera progresiva y conforme a la antigüedad de las personas trabajadoras, hasta los 30 días de salario; actualmente es el equivalente de 15 días de salario.
En Cámara de Diputados llevan a cabo el “Taller: Donde las ideas se siembran y la nación se construye”
Ciudad de México, 15 de agosto de 2026
Esta actividad fue promovida por la diputada Laura Hernández García
En la Cámara de Diputados se llevó a cabo el “Taller: Donde las ideas se siembran y la nación se construye”, impartido por la abogada Marisela Cifuentes López, e impulsado por la diputada Laura Hernández García (MC) y la Academia Sinergia.
Durante su ponencia, Cifuentes López habló sobre la nulidad procesal, un mecanismo para corregir actuaciones irregulares dentro del proceso penal cuando éstas afectan derechos fundamentales, sobre todo el debido proceso, ya que sus efectos pueden alcanzar actos de investigación, datos y pruebas.
“Los incidentes de nulidad tienen también esta virtud. Cuando vamos a una audiencia específicamente a tratar un tema de un incidente de nulidad, estamos normando y corrigiendo el procedimiento, perfeccionando indebidas actuaciones”, detalló.
Recordó que el Estado tiene facultades para investigar, perseguir y sancionar conductas, pero éstas deben ejercerse dentro de las condiciones establecidas por la Constitución Política y las normas procesales.
“El Estado tendría que sancionar las conductas irregulares, pero no lo puede hacer a cualquier precio, no hay una posibilidad de que el Estado justifique un mal actuar de sus operadores bajo el argumento de que está velando por esclarecer, por ejemplo, los hechos o resolver un delito”, indicó.
Explicó que, primero, para analizar una posible nulidad es necesario identificar las reglas que obligan a las autoridades a respetar los derechos; después, determinar cuál de ellos fue afectado por la actuación cuestionada y, finalmente, establecer las consecuencias procesales que corresponden.
Abundó que una detención en condiciones ilegales, un cateo realizado sin autorización judicial o la revisión de comunicaciones privadas sin autorización pueden involucrar violaciones al debido proceso y, al mismo tiempo, afectar otros derechos, como la libertad o la inviolabilidad del domicilio.
Por ello, la nulidad puede promoverse con base en dichos actos, pero debe tenerse presente que no todas las irregularidades darán como resultado una nulidad, pues algunas son cuestiones de formalidad, aclaró.
“Para mí es muy importante que cada actuación esté ejecutada por las personas que están legitimadas para ejecutarla, en los tiempos legitimados para llevarlos a cabo y ante las personas competentes que los hayan consentido o autorizado. Sin estas tres cuestiones, ese acto se vuelve irregular”, señaló.
Recordó que el debido proceso comprende, entre otros aspectos, el derecho a ser notificado, a ofrecer pruebas, a tener una defensa y a controvertir los argumentos, por lo que las afectaciones a estas garantías pueden dar lugar a corregir el procedimiento.
“Es necesario que muchos asuntos se caigan por las malas actuaciones y pérdidas de pruebas, a que inocentes queden en reclusión por prueba obtenida de forma irregular, solamente buscando elementos para condenarlos”, expresó.