Ciudad de México, 16 de agosto de 2026

El inicio del ciclo escolar implica una presión económica para las familias al enfrentar un incremento no justificado de precios

Integrantes de la Tercera Comisión de la Permanente señalaron que el inicio del ciclo escolar representa una fuerte presión económica para millones de familias mexicanas, pues obliga a madres y padres a adquirir útiles, uniformes y demás insumos indispensables para la formación de sus hijos.

Advirtieron que la elevada demanda de esos artículos en la temporada del arranque de clases puede propiciar incrementos injustificados en sus precios, publicidad engañosa, falta de exhibición clara de los costos o cobros distintos a los previamente informados.

Ante esa situación, el órgano que preside el senador Jorge Carlos Ramírez Marín aprobó un dictamen para solicitar a las autoridades que monitoreen, verifiquen, orienten y atiendan denuncias relacionadas con la venta de útiles, uniformes y demás artículos escolares, para prevenir prácticas comerciales abusivas.

El resolutivo plantea a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) que refuerce esas tareas durante el periodo de regreso a clases de 2026, a fin de proteger los derechos de las personas consumidoras ante publicidad engañosa o cobros que no corresponden a los precios exhibidos.

Durante el ciclo escolar 2025-2026, destacaron los legisladores, el costo promedio de la lista básica de útiles fue de 305.70 pesos para primero y segundo grado de primaria, 333.27 pesos para tercer grado, 354.74 pesos para cuarto, quinto y sexto grado de primaria y 436.27 pesos para secundaria.

El gasto promedio por estudiante, añadieron, se incrementó de manera considerable al incorporar uniformes, calzado, mochila, artículos de limpieza y cuotas escolares.

La misma Profeco reportó que, en la temporada de regreso a clases 2025, realizó visitas de vigilancia y verificación, y llevó a cabo suspensiones por infracciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor relacionadas con la venta de útiles escolares.

Las y los legisladores recordaron que el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe prácticas que constituyan una ventaja indebida a favor de una o varias personas en perjuicio del público en general y establece bases para señalar precios máximos a los artículos, materias o productos que se consideren necesarios para la economía nacional o el consumo popular.

Esta proposición, subrayaron, atiende al interés público; en tanto que el fortalecimiento del monitoreo de precios, de la verificación, de la orientación y de la atención de denuncias durante el periodo de regreso a clases contribuye a la certeza de las personas consumidoras.

Además, contribuye a la protección de la economía familiar y a que los recursos destinados por los hogares a la adquisición de útiles y uniformes escolares no se vean disminuidos por prácticas comerciales abusivas, en beneficio de la permanencia escolar de niñas, niños y adolescentes, concluyeron.

Texto y Fotografía: Cámara de Senadores