25 de septiembre de 2026

⁠Muchos ciudadanos han denunciado públicamente presuntos cobros excesivos relacionados con el arrastre, traslado y permanencia de vehículos en depósitos vinculados con servicios de tránsito

Con la finalidad de prevenir cobros indebidos, prácticas irregulares y posibles actos de corrupción, y garantizar la protección de las personas usuarias de los servicios de grúas, la senadora Juanita Guerra Mena, del Partido Verde, presentó un Punto de Acuerdo para exhortar a las 36 presidentas y presidentes municipales del estado de Morelos, así como a la gobernadora de la entidad, para que fortalezcan la supervisión, vigilancia y transparencia en la prestación de los servicios de arrastre, traslado, salvamento y depósito vehicular, así como la revisión de los convenios, contratos, tarifas y mecanismos de asignación y operación de estos servicios.

La senadora explicó que cuando una autoridad de tránsito determina el retiro de un vehículo y ordena su traslado mediante una grúa a un depósito vehicular, la ciudadanía queda sujeta a un procedimiento en el que intervienen servidores públicos y particulares autorizados.

Agregó que cuando un vehículo es retirado de la vía pública, el dueño puede verse obligado a cubrir una infracción de tránsito, el servicio de arrastre, posibles maniobras y los días de permanencia en un depósito, lo cual se suma a la falta de información sobre el lugar al que fue trasladada la unidad, la ausencia de un tabulador visible o la imposibilidad de conocer anticipadamente el monto que deberá pagar, lo que se convierte en una carga económica desproporcionada para las familias.

Ante esta situación, muchos ciudadanos han denunciado públicamente presuntos cobros excesivos relacionados con el arrastre, traslado y permanencia de vehículos en depósitos vinculados con servicios de tránsito, por ejemplo, en Cuautla, ciudadanos y comunicadores denuncian que comandantes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana estatal estarían involucrados en la imposición de “tarifazos”; señalamiento que aseguró, debe investigarse y documentarse, pero que no puede ser ignorado.

La senadora señaló que cuando una empresa privada interviene como consecuencia directa de una actuación de la autoridad, resulta indispensable que exista una cadena de responsabilidad claramente identificable, quién autoriza, quién asigna, quién supervisa, quién cobra, cuánto puede cobrar, dónde se deposita el vehículo y qué autoridad responde frente al ciudadano, por lo que insistió en que la ciudadanía debe contar con información clara, completa, verificable y accesible respecto de la prestación de estos servicios.

Guerra Mena insistió en que la prestación de estos servicios no puede desarrollarse bajo criterios discrecionales, tarifas que no sean previamente conocidas, cobros que carezcan de sustento jurídico o mecanismos que coloquen a las personas usuarias en una situación de indefensión.

Por ello, recalcó que resulta necesario y urgente avanzar en la construcción de un marco normativo que regule de manera clara, transparente y eficaz la prestación de estos servicios, establezca mecanismos adecuados de supervisión y rendición de cuentas, y permita prevenir, detectar y, en su caso, sancionar cualquier irregularidad que pudiera afectar los derechos de las personas usuarias.

Texto y Fotografía: Grupo Parlamentario del PVEM en Cámara de Senadores