25 de septiembre de 2026

La diputada del Río Zenteno (Morena) plantea reformar los artículos 4º, 6º y 16 de la Carta Magna

Para reconocer en la Constitución Política el derecho de toda persona a su identidad digital segura, interoperable y gratuita, y que el Estado garantice su ejercicio, estableciendo mecanismos tecnológicos y normativos que aseguren inclusión, privacidad, ciberseguridad e interoperabilidad en el entorno digital, la diputada Karina Margarita del Río Zenteno (Morena) impulsa una iniciativa.

Con reformas a los artículos 4º, 6º y 16 de la Constitución Política busca que el Estado garantice la protección de la infraestructura crítica, la ciberseguridad y la salvaguarda integral de la identidad digital y los datos personales y biométricos de las personas.

Además, que la ley regule los mecanismos de autodeterminación informativa y asegure que la adopción de medios digitales no discrimine ni excluya el acceso a trámites o servicios en formato presencial.

De igual modo, el documento enviado a la Comisión de Puntos Constitucionales plantea el derecho de toda persona a la protección de su identidad digital, y a no ser objeto de decisiones automatizadas que afecten sus derechos.

El Estado –añade– garantizará la protección del individuo frente al perfilamiento, el rastreo y el uso no autorizado de su información biométrica y comportamiento en entornos digitales, reconociendo la identidad digital como una extensión de la dignidad humana.

En el régimen transitorio señala que el Congreso de la Unión dispondrá de un plazo no mayor a 360 días naturales contados a partir de la entrada en vigor del decreto para expedir la Ley General de Identidad y Ciudadanía Digital, así como armonizar el marco legal en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, ciberseguridad y firma electrónica.

Agrega que el Ejecutivo Federal, en coordinación con las entidades federativas, implementará el Sistema Nacional de Identidad Digital dentro de un plazo máximo de dos años posteriores a la entrada en vigor del decreto correspondiente a la Ley General señalada, garantizando en todo momento la gratuidad, la accesibilidad universal y la adopción de tecnologías de cifrado y ciberseguridad avanzada.

En los considerandos de la iniciativa, la diputada del Río Zenteno argumenta que México no cuenta con una base de datos que vincule la identidad jurídica y la biométrica de toda la población, lo que impide vincular y proteger la identidad legal y la digital, lo cual facilita el robo de identidad, el fraude y la inseguridad.

La identidad digital –destaca– se ha convertido en una forma de extensión de la persona que no se limita a las credenciales de acceso o contraseñas; abarca la huella digital, los datos biométricos, el historial de navegación, el comportamiento en línea y el perfilamiento algorítmico que terceros realizan sobre los individuos.

Actualmente, la Constitución reconoce el derecho a la protección de datos personales y los derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición), pero resulta insuficiente frente a la minería de datos masiva (Big Data), la inteligencia artificial y el robo de identidad en plataformas tecnológicas.

Menciona que en México el marco legal que divide y entrelaza el derecho a la identidad y la identidad digital se encuentra en una etapa de profunda transformación; mientras el primero está consolidado constitucionalmente, el segundo se construye a través de reformas recientes y nuevas agencias gubernamentales.

https://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2026/09/asun_5130349_20260914_1788448845.pdf

Texto y Fotografía: Cámara de Diputados