28 de octubre de 2026

Diputados del tricolor advierten que la reforma impone filtros militares, discrecionalidad en montos y sectores, y amenaza la creación de empleos en el país.

Alertan por la militarización de las decisiones financieras al dar voto permanente a SEDENA, SEMAR y Seguridad en todo tipo de inversión.

Las y los diputados del Grupo Parlamentario del PRI, coordinados por Rubén Moreira Valdez, votaron en contra del dictamen de la Ley de Inversión Extranjera al considerar que frena la llegada de capitales, genera desconfianza y destruye oportunidades de empleo para las familias mexicanas.

Al posicionar a nombre del PRI, el diputado Hugo Gutiérrez Arroyo señaló que la propuesta obliga a los inversionistas a inyectar recursos en un contexto de incertidumbre jurídica, ya que faculta a las autoridades a definir las reglas del juego de manera posterior y discrecional.

Al analizar las cifras oficiales de Inversión Extranjera Directa, explicó que los 34 mil 968 millones de dólares reportados en el primer semestre no reflejan la llegada de nuevos proyectos productivos. Precisó que, de cada diez dólares anunciados, nueve corresponden a la reinversión de utilidades de empresas que ya operaban en el país.

En tanto, el dinero nuevo destinado a abrir plantas y generar vacantes representa apenas 8 de cada 100 dólares, lo que implica una caída superior al 13 por ciento en comparación con el periodo anterior.

Gutiérrez Arroyo expuso también cinco inconsistencias fundamentales en la reforma: exige permisos según el valor de la empresa pero deja sin definir los montos para que se fijen hasta seis meses después; incluye un listado abierto de sectores que la autoridad podrá modificar a conveniencia; otorga voz y voto permanente a las Secretarías de la Defensa Nacional, Marina y Seguridad en todo tipo de proyectos; faculta a la autoridad para obligar a vender activos vulnerando el derecho de audiencia; y carece de certeza en sus procedimientos.

A esto sumó la prisa por aprobar el dictamen sin consultar de forma efectiva a las Cámaras de Comercio del país.

Por ello, propuso establecer con claridad en la ley los montos, plazos y sectores; acotar a las Fuerzas Armadas a un rol exclusivamente consultivo; garantizar el debido proceso ante cualquier orden de venta de activos; y otorgar al menos 15 días previos a la entrada en vigor de la norma.

En su turno, el diputado Theodoros Kalionchiz De la Fuente advirtió que este dictamen impondrá un nuevo filtro burocrático a cargo de las instituciones de seguridad sin fijar parámetros claros, otorgando un margen absoluto a la autoridad para condicionar o vetar inversiones.

Finalmente, el diputado Juan Francisco Espinoza Eguía aseguró que las decisiones de la mayoría oficialista generan trabas para quienes buscan crear empleos. Señaló que poner más reglas y un filtro militar inhibe la llegada de capitales, afectando no solo a los grandes centros industriales, sino también a los municipios no metropolitanos que requieren de la llegada de empresas para descentralizar el desarrollo y la riqueza.

Texto y Fotografía: Grupo Parlamentario del PRI en Cámara de Diputados