27 de octubre de 2026

Participaron representantes de Morena, PAN, PVEM, PT, PRI y MC

Diputadas y diputados de Morena, PAN, PVEM, PT, PRI y MC dieron a conocer sus puntos de vista sobre el dictamen que fortalece el marco jurídico aplicable a la inversión extranjera en México, mediante la incorporación de mecanismos de revisión y evaluación de determinadas operaciones que pudieran representar riesgos para la seguridad nacional.

México necesita inversiones, tecnología, empleos y crecimiento

La diputada María de los Dolores Padierna Luna (Morena) explicó que la reforma parte de un principio fundamental: México necesita inversiones, tecnología, empleos y crecimiento, pero también necesita preservar su seguridad nacional y su capacidad de decisión sobre sectores estratégicos. Por razones de seguridad nacional, las adquisiciones extranjeras en sectores estratégicos tendrán un régimen público que proteja la seguridad de la nación en sus redes eléctricas, en sus centros de datos, en las cadenas de suministro y en la información de millones de personas.

Agregó que la protección de la seguridad nacional frente a adquisiciones extranjeras descansó siempre en la facultad de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras para impedir operaciones por razones de seguridad nacional, pero no decía con qué criterios ni en qué plazos, “y con estas reformas se acaba esa discrecionalidad”. Con las modificaciones se fortalece dicha Comisión con la incorporación de las secretarías de la Defensa Nacional, de Marina, de Seguridad y Protección Ciudadana, así como de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.  

No se da certeza jurídica al inversionista

Del PAN, el diputado Ernesto Sánchez Rodríguez dijo estar en contra porque en la ley no se da certeza jurídica al inversionista. El artículo 30 Bis exige un permiso cuando una empresa rebasa un porcentaje y un tamaño, pero ese tamaño no está en la ley. El artículo 38 faculta a hacer una inversión completa, vender los activos en 90 días sin decir con qué procedimiento, “porque el procedimiento no existe y es donde se violenta la certeza jurídica de los inversionistas”. 

Se pronunció por fijar reglas claras y que estas se publiquen en el Diario Oficial de la Federación para que el inversionista esté enterado. Asimismo, que si se va a deshacer una inversión se explique el procedimiento y se revise quién toma el control con otras vías. Consideró que “en México no se invierte por las leyes que están siendo absurdas y que no les dan certeza a los inversionistas de venir a invertir”. 

Establecer reglas para revisar operaciones

A su vez, el diputado Luis Enrique Miranda Barrera (PVEM) aclaró que con las reformas no se trata de cerrar las puertas de México a la inversión extranjera, sino establecer reglas para revisar determinadas operaciones que pudieran representar riesgos para nuestra seguridad nacional. La minuta contempla distintas posibilidades, autoriza una adquisición, establecer condiciones para reducir los riesgos o impedir cuando existan razones de seguridad nacional que lo justifiquen.

También, añadió, se propone incorporar a las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina a la Comisión Nacional de Inversión Extranjera, y la participación de estas instituciones no significa que deban decidir por sí solas el futuro de las inversiones; las decisiones corresponden a un órgano colegiado y deben sujetarse con la ley.  “La seguridad nacional no puede convertirse en una excusa para tomar decisiones arbitrarias”. Los inversionistas necesitan certeza jurídica, reglas conocidas y autoridades que expliquen sus decisiones.      

Esta reforma tiene raíz constitucional

Del PT, el diputado José Alejandro Aguilar López mencionó que la reforma establece una revisión obligatoria cuando el capital extranjero pretenda quedarse con más del 49 por ciento de empresas en sectores estratégicos como la energía, minería, transporte, telecomunicaciones, inteligencia artificial, semiconductores, datos personales y seguridad alimentaria, y fortalece a la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras.

También, da reglas claras, 45 días hábiles para resolver y tres caminos posibles: autorizar con condiciones o impedir, y quien desobedezca enfrentará multas millonarias y podrá ser obligado a deshacerse de lo que adquirió. Obliga a rendir cuentas al Congreso cada seis meses y comparecencias cuando se convoque. “Para el PT esta reforma tiene raíz constitucional. No se está en contra de la inversión extranjera. Lo que no aceptamos es la inversión que llega a apoderarse de nuestros recursos, infraestructura o de los datos de las familias mexicanas”.

Es una ley llena de huecos

En opinión del diputado Hugo Eduardo Gutiérrez Arroyo (PRI) los cambios que se proponen pueden frenar aún más las nuevas inversiones. Es una ley llena de huecos, pues se plantea que habrá de pedir permiso si la empresa vale más de cierta cantidad, pero no dice qué cantidad y no dice qué sectores, e incluye a las secretarías de la Defensa Nacional, de la Marina y de Seguridad y Protección Ciudadana con voz y voto en la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras (CNIE) en todos los asuntos, no solo los que tienen que ver con seguridad nacional.

Comentó que una ley mal hecha no es neutral, siempre la paga quien quiere abrir un taller, el proveedor que ya no vende, la trabajadora a la que ya no van a contratar. “No estamos en contra de regular la inversión extranjera, estamos en contra de regularla mal. El PRI está en contra de la militarización de decisiones económicas. Escriban en la ley el monto de los sectores y los plazos, que la Defensa y la Marina solo tengan vista y opinión, y fijen el tiempo para que todos conozcan las reglas antes de que entre en vigor”.

Se extralimita la aplicación de la seguridad nacional

Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, diputada de MC, externó que se requieren mejores mecanismos para proteger los sectores estratégicos ante inversiones que pudieran representar un riesgo para la seguridad nacional, pero la minuta “extralimita la aplicación de la seguridad nacional hacia aquellos mecanismos en que se revisan los proyectos de inversión extranjera”. Resaltó que MC desde el Senado señaló que no se debe militarizar la política de inversión extranjera.

“No negamos que la Marina, Sedena y la Secretaría de Seguridad Pública deban participar cuando se pueda ver comprometida la seguridad nacional, pero por lo que hace a la inversión extranjera su participación debería ser acotada exclusivamente a los asuntos de seguridad nacional. En ese sentido, no se justifica por qué los integrantes militares y de seguridad deban intervenir de manera permanente y con voto en toda la actividad en la Comisión Nacional de Inversión Extranjera, en lugar de la revisión especializada en materia de seguridad nacional”, añadió.

Posturas a favor y en contra

El diputado Jesús Antonio Nader Nasrallah (PAN) comentó que hay preocupaciones estructurales de carácter técnico, económico y regulatorio que merecen atención. Si se aprueba se crea un escrutinio burocrático con plazos que pueden dilatar el proceso. “México no puede enviar señales de rigidez que desaceleren la atracción de capitales en sectores dinámicos y tecnológicos. En el PAN estamos a favor de una economía abierta, competitiva y dotada de auténtica certidumbre jurídica para el crecimiento de nuestra nación.

Lucero Higareda Segura, diputada de Morena, dijo acompañar el dictamen, ya que La Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras podrá declarar viable una adquisición, establecer modificaciones para mitigar riesgos o impedirla por razones de seguridad nacional. Cuando los riesgos puedan atenderse, habrá una vía para que la operación continúe bajo condiciones específicas. “Estamos dando herramientas para decidir con elementos técnicos y actuar de manera proporcional”.

Para el diputado Gibrán Ramírez Reyes (MC) no se debe militarizar la inversión, ni poner más trabas a la economía del país que tiene que crecer más rápido. Se necesitan leyes bien escritas y se explique por qué la Sedena y la Marina deben tener voz y voto, cuando deberían participar solo cuando haya riesgos documentados sobre una instalación estratégica y tecnología sensible, con mecanismos claros y trasparentes. “Proteger la soberanía no exige convertir la política económica en una extensión de los cuarteles”.

La diputada Ma. Leonor Noyola Cervantes (PVEM) argumentó que la minuta versa únicamente en establecer un procedimiento para revisar determinadas y concretas adquisiciones por parte de inversionistas extranjeros cuando concurran las condiciones previstas en la Ley de Inversión Extranjera. Entre las actividades se encuentran las relacionadas con infraestructura estratégica, física o virtual, incluidas las vinculadas con energía, transporte, comunicaciones, minería, almacenamiento de datos y sistemas digitales.

Del PRI, el diputado Theodoros Kalionchiz De la Fuente mencionó que el dictamen provocará que las empresas extranjeras que busquen invertir en el país tengan que superar un nuevo filtro burocrático, ahora de las instituciones de seguridad, pero no establece parámetros claros para determinar cuándo una adquisición representa un riesgo o una amenaza en la seguridad nacional. “Este nuevo régimen impactará a la mayoría de los sectores económicos del país”.

En su intervención, la diputada Nora Yessica Merino Escamilla (PT) aseveró que la reforma no cierra la puerta a nadie ni espanta la inversión; solo revisa las operaciones en las que una empresa extranjera quiere quedarse con el control de una empresa mexicana en sectores estratégicos como energía, telecomunicaciones, datos, transporte, salud y minería. “Para todo lo demás la puerta está abierta y también cuando se hace de manera correcta”. La ley da reglas y requisitos claros, y un plazo fijo para resolver.

María Angélica Granados Trespalacios, diputada del PAN, señaló que esta reforma abre espacios para ampliar revisiones a actividades análogas mediante acuerdos y el inversionista necesita reglas claras antes de construir una planta y no descubrir nuevas condiciones después de que ya comprometió su patrimonio. “Nadie está en contra de proteger la seguridad nacional, pero una cosa es defender sectores estratégicos y otra es convertir la inversión productiva en objeto de una sospecha permanente”.  

En tanto, el diputado Daniel Murguía Lardizábal (Morena) opinó que la propuesta no pretende ahuyentar las inversiones; al contrario, propone brindar certeza jurídica y mitigar los riesgos en determinadas operaciones de inversión extranjera que puedan representar para la seguridad nacional. Por eso se propone incorporar a la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras a las secretarías de la Defensa Nacional, Marina y Seguridad Pública y Protección Ciudadana.

El diputado Juan Francisco Espinoza Eguía (PRI) se pronunció en contra del dictamen porque no se da certidumbre a los inversionistas y se ponen reglas que son innecesarias. Consideró que se va a afectar la economía y bajará la generación de empleos.  “En el PRI vamos en contra de esta reforma que en nada apoya a la inversión en nuestro país”. 

José Luis Durán Reveles, diputado del PVEM, precisó que la minuta no establece una prohibición general a la inversión extranjera, ni exige que todas las operaciones sean sometidas a una revisión especial; el procedimiento obligatorio se limita a la participación de inversión extranjera en empresas que cumplan condiciones específicas relacionadas con el porcentaje de participación extranjera, el valor de la empresa y las actividades que desarrolla.

El diputado del PAN, Marcelo de Jesús Torres Cofiño sostuvo que con esta reforma se está “entregando las llaves de la economía nacional a las cúpulas de seguridad” y cuestionó por qué se pone a la Marina y a la Sedena a auditar, aprobar o bloquear las inversiones privadas de este país. “Votaremos en contra de convertir la economía en un cuartel y en la caja chica de sus negocios oscuros”.

De Morena, el diputado Favio Castellanos Polanco apuntó que México necesita inversión productiva y reglas claras con transparencia, pero también es preciso que el Estado pueda evaluar determinadas operaciones cuando estas involucran actividades sensibles para nación o que signifiquen un riesgo para la seguridad nacional. “Lo que hoy se hace es dotar al Estado de herramientas para identificar y atender los riesgos que puedan involucrar estas operaciones”.

Texto, Fotografía y Videos: Cámara de Diputados