27 de octubre de 2026

La diputada Marisela Zúñiga Cerón (Morena) presentó un punto de acuerdo para crear una comisión especial que dé seguimiento a la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, ante la ampliación del plazo para su entrada en vigor hasta el 1 de julio del 2031, a fin de vigilar la armonización legal y garantizar los derechos de las personas con discapacidad.

“La comisión especial no es un trámite ni una instancia simbólica, es un mecanismo de seguimiento con facultades concretas”, detalló en conferencia de prensa, acompañada de integrantes de organizaciones civiles y del Colegio Nacional del Notariado Mexicano.

Detalló que esta instancia podría solicitar información y documentos a las instituciones correspondientes, reunirse con autoridades estatales y municipales, u organismos defensores de derechos humanos para conocer los avances en la implementación del ordenamiento.

“Permitirá identificar a tiempo qué estados avanzan y cuáles no, de modo que los rezagos se atiendan y no se descubran solamente en las fechas límites, como sucedió en esta ocasión”.

Añadió que, aunque existen necesidades de infraestructura, capacitación y tecnología en los poderes judiciales, la ampliación del plazo no debe representar una suspensión de los trabajos necesarios para aplicar la reforma. “El plazo no puede convertirse en pretexto, hay que empezar a trabajar ya”.

Mencionó que en la Ciudad de México fue necesario modificar al menos 29 ordenamientos jurídicos a fin de avanzar en la implementación del Código, proceso que permitió establecer mecanismos para reconocer la capacidad jurídica de las personas con discapacidad.

“Detrás de cada fecha que se mueve hay personas que siguen esperando que se les reconozca como sujetos plenos de derecho”.

Por su parte, la diputada Ana Erika Santana (PVEM) expresó su desacuerdo con la postergación de las disposiciones relacionadas con los derechos de las personas con discapacidad y solicitó al Senado de la República reconsiderar la medida.

“No podemos nosotros poner en suspenso los derechos humanos de las personas con discapacidad hasta el 2031. Los derechos humanos deben ser progresivos, no podemos involucionar e ir en retroceso con lo que ya habíamos avanzado”.

Asimismo, planteó realizar mesas de trabajo entre las autoridades involucradas para analizar alternativas que permitan avanzar en la aplicación del Código, particularmente en procedimientos relacionados con divorcios, testamentos y otros asuntos que podrían resolverse mediante la intervención notarial.

En su intervención, Ricardo Vargas Navarro, presidente del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, solicitó que se estudien alternativas para atender los retos operativos de la implementación de Código “sin establecer una postergación generalizada de derechos”.

También hizo un llamado a la Secretaría de Gobernación y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal para construir una ruta nacional de implementación que permita atender los desafíos institucionales sin retrasar el ejercicio de los derechos reconocidos.

En este sentido, propuso establecer una agenda nacional de coordinación para la implementación del Código, con la participación del notariado mexicano y de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

“Ofrecemos nuestra presencia territorial, nuestra capacidad técnica, nuestra experiencia en prevención de conflictos y nuestra disposición para participar en mesas de trabajo con los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial”, afirmó.

A su vez, Ruth López Gutiérrez, directora general del Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, señaló que la creación de la comisión especial permitirá coordinar los trabajos de los poderes judiciales y congresos locales, vigilar la asignación de recursos y evaluar los avances en la aplicación del Código.

“La urgencia de dar cumplimiento a los términos de la reforma no es un capricho del colectivo, es un mandato legal y una responsabilidad del Estado garantizar la capacidad jurídica de las personas con discapacidad”.

Explicó que el nuevo marco jurídico busca sustituir el modelo de interdicción por un sistema de apoyos en el que las personas con discapacidad puedan tomar sus propias decisiones, conforme a lo establecido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

“Necesitamos un órgano legislativo que fiscalice los avances, identifique los cuellos de botella en los estados y proponga los ajustes normativos necesarios antes de que colapsen los sistemas locales”, añadió.

Texto, Fotografía y Video: Cámara de Diputados