29 de septiembre de 2026

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que preside la diputada Gabriela Benavides Cobos (PVEM), continuó con las audiencias públicas para analizar la iniciativa de una nueva Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, con la participación de organizaciones sociales, comunidades indígenas y rurales, especialistas y representantes de los sectores productivos.

La diputada Benavides Cobos señaló que la nueva ley debe fortalecer la protección ambiental, garantizar la participación de las comunidades y brindar certeza jurídica. En este ejercicio se recabarán las propuestas de organizaciones, especialistas, pueblos y sectores productivos para enriquecer el proyecto.

La diputada Irma Juan Carlos (Morena) planteó armonizar la nueva legislación con el artículo 2° constitucional, en materia de derechos de los pueblos y comunidades indígenas, así como considerar su consentimiento en las decisiones ambientales que afecten sus territorios.

A su vez, el diputado Joaquín Zebadúa Alba (Morena) indicó que las propuestas recibidas serán incorporadas al análisis técnico de la iniciativa y al proceso de dictaminación. Entre los temas a revisar, mencionó los corredores bioculturales y los planteamientos formulados por comunidades y organizaciones.

La diputada Xóchitl Nashielly Zagal Ramírez (Morena) consideró que las audiencias constituyen un espacio de escucha y retroalimentación entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo, con el acompañamiento de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Agregó que las aportaciones serán discutidas en la Comisión para avanzar en una legislación que proteja el medio ambiente y evite cargas administrativas innecesarias.

Por parte de la Semarnat, la subsecretaria de Regulación Ambiental, Ileana Villalobos Estrada, resaltó la importancia de escuchar a organizaciones de la sociedad civil, comunidades indígenas y no indígenas, así como a los distintos sectores involucrados en la protección ambiental.

De la misma dependencia, el subsecretario de Desarrollo Sostenible y Economía Circular, José Luis Samaniego Leyva, indicó que los instrumentos legales son resultado de amplias discusiones, aunque todavía requieren ajustes. Por ello, expresó la disposición de la dependencia para recibir propuestas que contribuyan a alcanzar consensos en torno a la nueva legislación.

Durante la continuación de la Mesa 2, “Participación social y protección del medio ambiente”, representantes de comunidades indígenas y rurales, personas defensoras y organizaciones de la sociedad civil propusieron fortalecer la aplicación del Acuerdo de Escazú, proteger a quienes defienden el medio ambiente y mejorar la coordinación entre Profepa, Conagua y Conapesca. También plantearon incorporar los corredores bioculturales y fortalecer la participación comunitaria en las acciones de conservación.

Entre las propuestas se incluyeron fortalecer la evaluación ambiental estratégica, garantizar recursos para cumplir las nuevas obligaciones, mejorar la trazabilidad del gasto climático y establecer mecanismos de participación ciudadana. En materia de plaguicidas, solicitaron revisar las autorizaciones con base en evidencia científica, reducir el uso de sustancias altamente peligrosas y brindar certeza jurídica a los productores, evitando la duplicidad de trámites.

De igual manera, se propuso crear un Programa Nacional de Restauración Ambiental, reconocer los corredores bioculturales, impulsar la industria verde, fortalecer la educación ambiental, establecer mecanismos para proteger especies en riesgo y considerar la transición energética dentro de la legislación.

En esta mesa participaron integrantes de Alianza Jaguar AC, Corredor Biocultural, Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe, Red de Acción sobre Plaguicidas y Alternativas en México, Federación Mexicana de Colegios de Biólogos, Reforestamos México, Consejo Agropecuario de Chihuahua, Consejo Nacional Agropecuario y Asociación de Empresarios y de Industria Verde AC.

También representantes de la Asociación Mexicana de Productores de Carne, Estudios Rurales y Asesoría Campesina, Unión Nacional de Criadores, Capturadores, Transportadores y Expendedores de Aves Canoras y de Ornato AC, Federación de Áreas Naturales Protegidas y Áreas Verdes Sustentables AC, Fundación de Conservación Ecológica Miklan y Coalición México Resiliente.

En la Mesa 3, “Implicaciones económicas, productivas y regulatorias de la iniciativa”, representantes de los sectores privado, industrial, comercial, turístico y empresarial propusieron incorporar la Iniciativa 30×30, orientada a conservar 30 por ciento de las tierras, aguas continentales y océanos para 2030.

Asimismo, plantearon establecer un contrapeso científico al principio precautorio, armonizar la fracción VIII con el principio 15 de la Declaración de Río e incorporar los principios de regulación basada en evidencia y en riesgo. También solicitaron mayor certeza jurídica, modernización del marco regulatorio y una planeación estratégica que involucre a los tres órdenes de gobierno.

En materia de regulación, propusieron una legislación que permita prevenir, evaluar con rigor y sancionar de manera proporcional los incumplimientos ambientales, al tiempo que brinde certeza a los sectores productivos. A ello sumaron la necesidad de aclarar las referencias a las áreas naturales protegidas, precisar los derechos humanos vinculados con el medio ambiente y eliminar de la iniciativa el concepto de “cambio global”.

Los participantes también solicitaron que la definición de participación se sustente en criterios objetivos, verificables y transparentes, así como establecer un trato equivalente y que las exigencias adicionales dependan del riesgo concreto y no de una presunción general.

Por otro lado, enfatizaron la necesidad de fortalecer al sector dentro del nuevo marco legal y evitar que su aplicación se retrase por falta de presupuesto. Consideraron necesario que los incumplimientos tengan consecuencias jurídicas comprobables y que la legislación se armonice de manera integral con la Ley General de Economía Circular y la Ley General de Cambio Climático.

En la Mesa participaron representantes de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados AC, Cámara Nacional de la Industria de Transformación, PROMEXA, Grupo CIITA, CANACINTRA, Confederación Patronal de la República Mexicana, Centro de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sostenible, Asociación Nacional de Industrias del Plástico, y Asociación Nacional de Abogados de Empresa, entre otras organizaciones.

También estuvieron representantes de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, Consejo Nacional de Productores Acuícolas de Camarón, Cámara Nacional de la Industria de Productos Cosméticos, Cuidado Personal y Aseo del Hogar, Vizsla Silver, Minera Canam, SA de CV, GDT Ambiental, Iniciativa GEMI, La Cadena Mexicana de Impacto Ambiental, PETCO, Protección de Cultivos, Ciencia y Tecnología, así como la Unión Mexicana de Fitosanitarios y Fertilizantes, entre otras.

Texto, Fotografía y Video: Cámara de Diputados