29 de septiembre de 2026

La diputada del PAN plantea reformar el Código Penal Federal para incorporar expresamente a las personas adultas mayores y con discapacidad    dentro   de   las   disposiciones   sobre   abandono   de personas.

Propone   sanciones   para   quienes, teniendo   una   obligación   de cuidado, abandonen injustificadamente a una persona y la coloquen en peligro, así  como  para  quienes  la  tengan bajo su resguardo y omitan dar aviso a la autoridad.

La iniciativa  busca  fortalecer  la  protección  de  la vida, integridad, salud, seguridad y dignidad de las personas, sin criminalizar las dificultades familiares ni limitar la autonomía de quienes requieren apoyos.

La diputada federal Silvia Patricia Jiménez Delgado, propuso reformar los artículos 335 y 340, así como adicionar un artículo 335 Bis al Código Penal Federal, con el objetivo de establecer de manera expresa la protección penal de las personas adultas mayores y de las personas con discapacidad frente a situaciones de abandono que pongan en riesgo su vida o integridad.

La legisladora señaló que el crecimiento de la población adulta mayor y las situaciones de vulnerabilidad que pueden enfrentar hacen necesario fortalecer  el  marco  jurídico para garantizar sus derechos y evitar que el abandono quede fuera de una protección penal específica.

La propuesta plantea modificar el artículo 335 para incorporar a las personas adultas mayores y a las personas con discapacidad dentro de los supuestos de abandono cuando quien tenga la obligación de cuidarlas incumpla con ella. Asimismo, adiciona el artículo 335 Bis para establecer una sanción cuando una persona que no tenga formalmente la obligación de cuidado, pero tenga bajo su resguardo a una persona adulta mayor, con discapacidad, a un niño o a una persona enferma, la abandone y no dé aviso a la autoridad para encontrar a quien deba hacerse cargo.

También se plantea reformar el artículo 340 para establecer la obligación de dar aviso inmediato a la autoridad o prestar el auxilio necesario, cuando pueda hacerse sin riesgo personal, en los casos en que una persona encuentre abandonado a un niño, una persona adulta mayor, una persona con  discapacidad, una persona herida o alguien amenazado por algún peligro.

Silvia  Patricia  Jiménez  sostuvo que la reforma parte de la necesidad de reconocer que las personas adultas mayores y las personas con discapacidad  son titulares plenos de derechos, por lo que la edad o la discapacidad no deben asociarse automáticamente con incapacidad, sino que la protección debe atender a las circunstancias concretas y a la existencia de una obligación de cuidado.

“Hablar de personas adultas mayores y de personas con discapacidad no significa hablar automáticamente de dependencia o incapacidad, significa hablar  de  personas  titulares  de  derechos,  reconocer  su  autonomía  y  al mismo  tiempo  establecer mecanismos claros de protección cuando una persona se encuentra en una situación concreta de dependencia, cuidado o resguardo y es abandonada de manera injustificada.”, señaló.

La iniciativa precisa que su propósito no es criminalizar las dificultades familiares, las situaciones de pobreza ni aquellas circunstancias en las que exista una imposibilidad material justificada para proporcionar determinados cuidados. Por el contrario, plantea que la conducta sancionable debe centrarse en el abandono injustificado de una persona que depende de determinados cuidados y que, como consecuencia de ese abandono, sea colocada en una situación de peligro o desprotección, atendiendo a los principios de legalidad, proporcionalidad y mínima intervención del derecho penal.

La diputada panista destacó que actualmente el capítulo VII del Título Decimonoveno del Código Penal Federal, relativo al “Abandono de personas”, contempla determinados supuestos de protección, pero no incorpora expresamente a las personas adultas mayores ni a las personas con discapacidad como parte de estas disposiciones.

Por ello, consideró necesario actualizar el marco penal para cerrar este vacío   y   brindar   mayor   certeza   jurídica,   particularmente   cuando  el abandono pueda comprometer bienes jurídicos como la vida, la integridad física y psicológica, la salud, la seguridad y la dignidad de las personas.

“Esta iniciativa busca dar mayor certeza a la ley, precisar responsabilidades y colocar en el centro tres bienes fundamentales: la vida, la integridad y la dignidad de las personas. Desde Acción Nacional ponemos en el centro las personas adultas  mayores  y  las  personas  con  discapacidad  para  que ninguna persona en el momento en que más lo necesite se quede desprotegida, porque merecen cuidado, respeto y dignidad hasta el último día”, concluyó.

Texto y Fotografía: Grupo Parlamentario del PAN en Cámara de Diputados