29 de septiembre de 2026

Exigir que los recursos de este programa se ejerzan a través de los mecanismos burocráticos ordinarios, asfixia el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas, aseveró

Al elevar a rango constitucional los principios de interculturalidad, interseccionalidad y perspectiva de género se blindan asignaciones presupuestales de las comunidades originarias, dijo

La diputada federal Martha Aracely Cruz Jiménez, celebró la opinión, en sentido positivo, del dictamen de la iniciativa que presentó, por la que se reforma el artículo 134 de la Constitución, en materia de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, toda vez que se fortalecen las bases constitucionales del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (FAISPIAM).

En el marco de la reunión de la comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, la legisladora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT), señaló que, al exigir que los recursos del FAISPIAM se ejerzan a través de los mecanismos burocráticos ordinarios, asfixiaba el derecho a la libre determinación, plasmados en el artículo 2º Constitucional, ya que despojaba a los pueblos sus prácticas organizativas e históricas como es el trabajo comunitario.

La congresista agregó que, la reforma al artículo 134 se promovió pensando, desde su origen, sentar las bases constitucionales del FAISPIAM, para que no sea únicamente un programa de este sexenio, sino que trascienda más allá y por ello es la urgencia para cambiar las reglas actuales, ya que imponen un régimen de licitación rígido y punitivo, diseñado para mercados urbanos, incompatible con los sistemas normativos internos de las comunidades indígenas.

En ese sentido, Cruz Jiménez afirmó que, al elevar a rango constitucional los principios de interculturalidad, interseccionalidad y perspectivo de género, se blindarán las asignaciones presupuestales de las comunidades y de las mujeres indígenas, frente a los criterios poblacionales generales.

“Justo eso es lo que nos motiva a presentar esta iniciativa; no estamos creando una zona de excepción fiscal, sino estableciendo el fundamento legal para una fiscalización intercultural, que respete las decisiones de las asambleas, permitiendo que la auto-construcción y la economía solidaria, sean las herramientas formales para resarcir la deuda histórica de México con los pueblos indígenas”, finalizó.

Texto y Fotografía: Grupo Parlamentario del PT en Cámara de Diputados