29 de septiembre de 2026

La diputada y el diputado de Morena demandan investigar la actuación de policías municipales

El diputado Francisco Javier Estrada Domínguez y la diputada María Magdalena Rosales Cruz, de Morena, denunciaron presuntas detenciones arbitrarias y agresiones contra seis jóvenes, cinco de ellos universitarios, ocurridas durante el pasado fin de semana en Guanajuato capital, por lo que demandaron investigar la actuación de los policías municipales involucrados.

En conferencia de prensa, Estrada Domínguez indicó que los jóvenes denunciaron haber sido “detenidos arbitrariamente, golpeados y sometidos por actuaciones indebidas de la policía municipal”.

Informó que por ese hecho seis policías fueron separados temporalmente y existen investigaciones abiertas en la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, aunque consideró necesario deslindar todas las responsabilidades.

“Eso no puede ser suficiente, separar temporalmente a elementos mientras pasa la indignación social no resuelve de ninguna forma el problema.

“Queremos que se deslinden todas las responsabilidades, que se determine quién participó directamente en las agresiones, que se investigue quién dio las órdenes, que se revisen los protocolos a fondo, el uso de la fuerza pública y que se investiguen las responsabilidades de cadena de mando, pues los elementos de la corporación no se mandan solos”.

Asimismo, en caso de acreditarse omisiones, tolerancia o fallas graves, determinar las responsabilidades correspondientes. “Una corporación policial no funciona sola. Tiene mandos, tiene responsables, tiene protocolos, tiene autoridades que deben de responder por su funcionamiento”.

Agregó que dicho caso no es aislado, ya que hay otros señalamientos recientes contra corporaciones municipales.

Expuso que en el municipio de San Diego de la Unión se denunció la detención de dos personas que acudieron a expresarse durante un informe de gobierno.

En Dolores Hidalgo se reportó la detención de una mujer comerciante, presuntamente por no contar con permiso para vender en la vía pública.

“Cada caso tiene, por supuesto, circunstancias distintas y deberán de investigarse individualmente”.

En ese contexto, cuestionó qué está ocurriendo con las corporaciones municipales de seguridad en varios municipios de Guanajuato y qué protocolos siguen para la detención y privación de la libertad de personas. “Un uniforme no coloca a nadie por encima de la ley”.

El diputado refirió al caso de Leobardo, joven originario de la comunidad de La Presita, en San Diego de la Unión, quien murió el 18 de agosto por circunstancias que todavía no han sido esclarecidas públicamente.

Señaló que habitantes y familiares han planteado la posible intervención de la corporación municipal, por lo que solicitó al fiscal general del estado informar sobre los avances de la investigación.

Por ello, pidió conocer si ya declararon los policías involucrados, qué establecen los peritajes, cuál fue la causa de la muerte, si fueron revisadas las cámaras y bitácoras de las corporaciones, si existen servidores públicos bajo investigación y en qué etapa se encuentra la carpeta.

Asimismo, solicitó esclarecer las actuaciones denunciadas en San Diego de la Unión y Dolores Hidalgo, así como que la Fiscalía informe qué ha investigado en el caso de Leobardo y cuándo habrá una respuesta para sus familiares.

“Por eso hoy exigimos tres cosas: primero, la verdad; segundo, que se deslinden las responsabilidades correspondientes y se castigue a los responsables; tercero, garantías de no repetición en Guanajuato Capital”.

Por su parte, Rosales Cruz cuestionó la actuación de los cuerpos de seguridad, ya que los jóvenes habrían sido golpeados bajo el argumento de que presuntamente patearon la puerta de un negocio.

“Cuando se comprueba que esto fue así, pues deben ser detenidos; pero cuando no hay ninguna prueba, cuando los policías se convierten en jueces, entonces resulta ser que no son vigilantes de la seguridad pública, sino son jueces y además son los que castigan eso que ellos suponen que hicieron los jóvenes”.

La diputada sostuvo que deben revisarse los protocolos de actuación policial, porque estos hechos no constituyen un caso aislado. Recordó que anteriormente otros jóvenes fueron detenidos en Guanajuato capital mientras pegaban propaganda.

“¿De qué se trata? ¿De reprimir para sentar una especie de miedo en la sociedad y que nadie se manifieste?”, cuestionó.

Ante estos hechos, planteó tres exigencias: “primero, la verdad; segundo, que se deslinden las responsabilidades correspondientes y se castigue a los responsables; tercero, garantías de no repetición en Guanajuato capital”.

Manifestó su solidaridad con la comunidad universitaria y subrayó que los cinco jóvenes universitarios involucrados en los hechos forman parte de una comunidad que ha expresado públicamente su preocupación por la seguridad.

“La policía está para proteger a la ciudadanía, no para que la ciudadanía le tenga miedo”, concluyó.

Texto, Fotografía y Video: Cámara de Diputados