21 de octubre de 2026

La ASF determinó recuperaciones por 67 mil 174.7 millones de pesos, de las cuales se han realizado dos mil 5.6 mdp

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, que preside la diputada Merilyn Gómez Pozos (Morena), aprobó el dictamen relativo a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al ejercicio fiscal 2024, y 12 opiniones a igual número de iniciativas en diferentes materias.

En el dictamen, avalado por 31 votos a favor, 10 en contra y cero abstenciones, se indica que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó dos mil 264 auditorías, con lo que cumplió el 100 por ciento de las revisiones previstas en su Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2024.

Como resultado de estas revisiones, la ASF emitió seis mil 274 acciones preventivas y correctivas, y determinó recuperaciones por 67 mil 174.7 millones de pesos, de las cuales se han realizado dos mil 5.6 millones de pesos, mientras que 65 mil 169.1 millones permanecen como recuperaciones probables o montos sujetos a aclaración.

De esta última cifra, 59 mil 363.7 millones de pesos corresponden al gasto federalizado de entidades federativas, alcaldías, municipios y entes públicos locales, equivalente a 91.09 por ciento del total.

En el documento se reconoce que la presentación, integración y fiscalización de los recursos públicos se realizó conforme a los mandatos constitucionales y legales aplicables.

Precisa que durante 2024 la actividad económica registró un crecimiento real anual de 1.5 por ciento, mientras que la tasa de desempleo promedio fue de 2.7 por ciento y la inflación general se ubicó en 4.2 por ciento al cierre del año. El tipo de cambio promedio, fue de 18.3 pesos por dólar y la mezcla mexicana de petróleo alcanzó un promedio de 70.2 dólares por barril.

En materia de ingresos, los recursos presupuestarios del sector público ascendieron a 7 billones 492 mil 928.9 millones de pesos, monto superior en 163 mil 933.7 millones a lo programado en la Ley de Ingresos de la Federación 2024, y en 453 mil 569.1 millones respecto de 2023.

Menciona que el sector público presupuestario ejerció nueve billones 205 mil 438.2 millones de pesos, que representaron un incremento real de 7.5 por ciento respecto al año anterior, equivalente a 27.1 por ciento del Producto Interno Bruto. El 73.6 por ciento correspondió a gasto programable (generación de bienes y servicios para la población) y 26.4 por ciento fue gasto no programable (participaciones a entidades federativas, costo financiero de la deuda y adeudos de ejercicios fiscales anteriores).

Respecto a endeudamiento, se indica que el Ejecutivo Federal ejerció 2 billones 232 mil 811.7 millones de pesos, cifra 3.2 por ciento menor al monto autorizado en la Ley de Ingresos de la Federación 2024, que ascendió a 2 billones 306 mil 800 millones de pesos.

El dictamen establece que la aprobación por parte de la Comisión no suspende ni limita el trámite de las acciones promovidas por la Auditoría Superior de la Federación y que quienes sean presumiblemente responsables deberán responder conforme a la normatividad vigente, mediante sanciones correspondientes o con las aclaraciones y solventaciones procedentes.

Asimismo, se instruye a la ASF a continuar los procedimientos jurídicos de responsabilidades y proporcionar a la Cámara de Diputados información actualizada sobre la recuperación o aclaración de los recursos observados.

Finalmente, la Comisión consideró necesario fortalecer los procesos de planeación y control interno de los entes auditados, mediante la optimización de sus disposiciones normativas y reglamentarias, a fin de mejorar su desempeño y reducir las áreas de riesgo identificadas. También, de considerarlo conveniente, prevé instalar una mesa de trabajo para dar seguimiento a las recomendaciones de la ASF dirigidas a la Cámara de Diputados, con la participación de las comisiones de Transparencia y Anticorrupción y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Posicionamientos

El diputado Eduardo Gaona Domínguez (MC) afirmó que la Cuenta Pública 2024 deja una pregunta que no podemos ignorar y es necesario explicar el destino de miles de millones de pesos del dinero de las y de los mexicanos, pues la ASF identificó más de 67 mil millones de pesos sujetos a recuperación y aclaración.

Del PRI, el diputado Mario Zamora Gastélum expresó que en 2024 el gobierno no supo cómo manejar adecuadamente el dinero de la gente, pues endeudó al país, y 2024 dejó el déficit más alto del que Hacienda tiene registro. Además, gastaron mal y de más y ahora hay 65 mil millones de pesos que quedan por aclarar.

 Enseguida, el diputado del PT Reginaldo Sandoval Flores respaldó el dictamen y sostuvo que el análisis de la Cuenta Pública 2024 parte del principio de reconocer que los recursos públicos son del pueblo y su ejercicio debe responder al interés general, a la justicia social y a la reducción de las desigualdades. Reconoció avances en el fortalecimiento de ingresos no petroleros y orientación del gasto público a funciones de desarrollo social.

A su vez, el diputado Oscar Bautista Villegas (PVEM) manifestó que la revisión de la Cuenta Pública debe traducirse en acciones concretas, fortalecer mecanismos de control, corregir deficiencias administrativas, recuperar recursos cuando corresponda y sancionar las conductas indebidas.  Afirmó que la transparencia no debe tener colores partidistas y la rendición de cuenta no debe aplicarse selectivamente. Explicó que el monto observado no constituye una irregularidad comprobada y corresponde a las autoridades dar seguimiento, valorar y determinar responsabilidades.

El diputado del PAN, Héctor Saúl Téllez Hernández, se pronunció en contra porque la propia ASF reconoció que en 2024 se ejercieron siete billones de pesos como deuda pública, para cerrar esa cifra en 17.55 billones de pesos en el saldo histórico de la deuda pública y además es el ejercicio más oscuro de recursos públicos para llegar a más de 100 mil millones de pesos ejercidos por el Gobierno Federal bajo observación.

Al hablar a favor del dictamen, la diputada Elena Edith    Segura Trejo (Morena) dijo que en la Cuenta Pública se verifica el cumplimiento del objetivo del Estado de atender a las y los mexicanos. En lo que respecta a las auditorías, hay procesos y tiempo para comprobar lo que sea necesario y sostuvo que nadie estará por encima de la ley, y quien haya cometido una irregularidad deberá enfrentar las acciones legales correspondientes.

Discusión general

Del grupo parlamentario de MC, la diputada Gloria Elizabeth Núñez Sánchez afirmó que no convalidará la Cuenta Pública porque se observan deficiencias en el ejercicio del gasto público, fallas en los mecanismos de control y supervisión y no se cumplieron las metas de déficit y deuda que aprobó la Cámara de Diputados.

Yerico Abramo Masso, diputado del PRI, manifestó su voto en contra del proyecto y apuntó que el 90 por ciento de las observaciones de la ASF corresponden a estados y municipios, los más auditados, pero la Federación tiene auditorías por una tercera parte, aun cuando hay más tecnología para auditarla.

El diputado Mario Alberto López Hernández (PVEM) expresó que la Cuenta Pública es una oportunidad para evaluar cómo se administraron los recursos públicos del país, los resultados de la política económica y presupuestal, y en qué medida contribuyó el gasto público al bienestar.

Enseguida, Silvia Patricia Jiménez Delgado (PAN) dijo estar en contra porque ese año el país creció 1.5 por ciento, se gastaron más de 9.2 billones de pesos, el saldo histórico de la deuda pública alcanzó el 51.4 por ciento del PIB, y sectores como salud y educación ejercieron menores recursos. Nuestra responsabilidad no es defender gobiernos. Es el dinero de las y los mexicanos y que cada peso ejercido se acompañe de transparencia, legalidad y resultados verificables.

Del PVEM, el diputado Oscar Iván Brito Zapata expresó que votaría a favor, porque es el cierre del inicio de la transformación en el país, que hoy saca a gente de la pobreza, destinando el recurso a quien más lo necesita con visión de desarrollo económico y prosperidad compartida.

Segunda ronda

La diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal (PT) se pronunció a favor del dictamen y reconoció que existen problemas que se deben corregir para mejorar la calidad del gasto, que es una herramienta para combatir las desigualdades y fortalecer derechos.

 A su vez, la diputada Nadia Navarro Acevedo (PRI) refirió que no se observan avances en la economía, ni mejoró la situación de las familias, no hay medicinas y sufren por una consulta médica en hospitales. Además, las carreteras siguen en pésimas condiciones por falta de inversión. Señaló que hay una mala administración de recursos y el Gobierno Federal no respetó los montos que aprobó la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos

Del PVEM, la diputada Cindy Winkler Trujillo (PVEM) apuntó que la revisión de la Cuenta Pública es la responsabilidad más importante de la Cámara de Diputados, porque fortalece la soberanía, permite evaluar cómo se ejercieron los recursos públicos, cómo se identificaron avances y resultados, y las áreas de oportunidad en la administración pública federal. Expresó que el dictamen ofrece elementos para un mejor desempeño financiero.

En su oportunidad, la diputada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo (PAN) dijo estar en contra porque la Cuenta Pública refleja que se gastó mucho y mal y se cerró el sexenio con uno de los peores crecimientos económicos; se erogó en viajes, trenes, aeropuertos, aviones, “cosas superficiales y frívolas, no crecimos” y quedó el país con una de las mayores deudas de la historia.

De Morena, la diputada Beatriz Andrea Navarro Pérez opinó que el dictamen acredita ingresos públicos por 7 billones 492 mil 928.9 millones de pesos, 453 mil 569 más que en 2023, y 163 mil más de lo previsto en la Ley de Ingresos; un déficit menor al estimado y el endeudamiento quedó en 3.2 por ciento del autorizado.

Una vez aprobado, el dictamen se remitió a la Mesa Directiva para continuar su trámite legislativo.

Opiniones a diversas iniciativas

Previamente, se avalaron 12 opiniones a iniciativas presentadas por diputadas y diputados; entre ellas, la presentada por el diputado Ricardo Monreal Ávila (Morena), para expedir la Ley que Regula las Actividades de Cabildeo en el Congreso de la Unión, la cual, de aprobarse –señala la Comisión– no generaría un impacto presupuestario en el erario Federal, porque no propone nuevas obligaciones, atribuciones, unidades, plazas, programas o destinos específicos de gasto que impliquen erogaciones de recursos adicionales.

También se consideró que no generarían impacto presupuestario la aprobación de las iniciativas para emitir la Ley de Coordinación Metropolitana de Seguridad del Norte, la Ley Federal de Protección a Denunciantes y Testigos de Hechos de Corrupción, y reformar y adicionar disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Igualmente, la expedición de la Ley General de Transparencia y Verificación del Uso de Inteligencia Artificial no tendría un impacto presupuestal, al igual que la iniciativa para reformar y adicionar disposiciones de las leyes General de Salud, del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y la Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

La Comisión opinó que la aprobación de la iniciativa para expedir la Ley General de Garantía de la Transición al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares sí impactaría en el gasto, así como la iniciativa para expedir Ley Federal del Litio y reformar las leyes de Minería y la Orgánica de la Administración Pública Federal.

Consideró que avalar las propuestas para expedir las leyes de Estímulos Fiscales para la Región Fronteriza Sur, General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales, y la iniciativa para crear la Ley Talento por México y reformar y adicionar el artículo 202 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, generaría un impacto presupuestal.

Una vez aprobadas, las opiniones se enviaron a las comisiones dictaminadoras correspondientes.

Texto, Fotografía y Video: Cámara de Diputados