Manzanilla Téllez y activistas demandan liberación inmediata de defensor social recluido en penal de Chiconautla
Ciudad de México, 15 de abril de 2026
El diputado Emilio Manzanilla Téllez (PT) y activistas pidieron la liberación inmediata de Saúl Torres Rivero “El Cachorro”, recluido en el penal de Chiconautla, Ecatepec, acusado de tentativa de homicidio tras discutir con un policía de tránsito en Tecámac, Estado de México, sin que presuntamente existan pruebas de lesiones o daño.
En conferencia de prensa, Manzanilla Téllez indicó que Torres Rivero es un defensor de derechos humanos que ha denunciado abusos policiacos y corrupción en el transporte.
Mencionó que el activista fue golpeado dentro del penal por el director del centro penitenciario, hecho que fue denunciado ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Comentó que también envió una carta a la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, y al secretario de gobierno de la entidad, Horacio Duarte Olivares, para que investiguen al director del penal, se inhabilite y finquen responsabilidades por las represalias en contra del activista.
Consideró que la ciudadanía debería denunciar y no permitir actos de injusticia.
El activista José Ignacio Caporal dijo que “El Cachorro” ha vivido una serie de atropellos en una carpeta fabricada, que inició como lesiones y terminó en tentativa de homicidio.
Denunció que el abogado Carlos Manzo, encargado de su defensa, se vendió y coludió con las autoridades para que no saliera y lo amenazara vía telefónica para que se alejara del Sindicato Nacional de Operadores del Servicio Público, que el activista creó para defender a este sector.
Señaló que el caso forma parte de un patrón de criminalización contra activistas en México. “Parece que en este país ser activista es ser delincuente”, afirmó José Ignacio Caporal, quien denunció irregularidades en el proceso judicial, incluyendo una presunta fabricación de delitos y fallas en la defensa legal.
Asimismo, Salvador Estrada y Erika Pliego, también activistas, denunciaron persecución, hostigamiento y violaciones a derechos fundamentales contra quienes se organizan y protestan, al tiempo que exigieron garantías para el ejercicio de la libertad de expresión y manifestación.
Las y los activistas hicieron un llamado a la ciudadanía a organizarse y no permanecer indiferente ante las injusticias, al advertir que la falta de participación social ocasiona la continuidad de abusos de autoridad.