30 de septiembre de 2026

El diputado José Narro Céspedes (Morena) expuso la situación de dos casos de violencia relacionados con mujeres, por lo que solicitó a las autoridades competentes revisar procedimientos, esclarecer hechos denunciados y garantizar el respeto a los derechos humanos de las personas involucradas.

En conferencia de prensa, el legislador abordó, en primer término, el caso de dos hermanas que actualmente se encuentran privadas de su libertad, derivado de una investigación en la que fueron vinculadas a una “supuesta carpeta relacionada con el delito de robo a casa habitación”.

Explicó que las mujeres compraron un departamento a un grupo de personas que lo había obtenido de manera irregular con apoyo de jueces y ministerios públicos, y posteriormente fueron desalojadas.

Señaló que los hechos que se les atribuyen ocurrieron de manera distinta a como se pretende establecer dentro del procedimiento.

“Existen serios cuestionamientos respecto de las circunstancias en las que fueron detenidas y posteriormente vinculadas al proceso penal.”

Indicó que los hechos ocurrieron en el Estado de México, donde existen grupos delictivos dedicados a ocupar, invadir, vender y rentar viviendas de manera ilegal.

“Hay un grupo que se llama, que se le conoce como el grupo de ‘Los 300’, que es un grupo delictivo, que está detrás de este tipo de acontecimientos y que cuenta con el apoyo del Ministerio Público y de jueces para buscar encubrirse de estos delitos”.

Enfatizó que, pese a los cuestionamientos sobre el caso, a ambas mujeres se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que actualmente permanecen privadas de su libertad mientras continúa el procedimiento.

“El caso ha generado preocupación entre sus familiares y personas cercanas, quienes consideran necesario que las autoridades revisen de manera exhaustiva las circunstancias de la detención, los elementos utilizados para vincularlas con los hechos y la existencia misma de los acontecimientos que se les atribuyen”.

Aclaró que al hacer pública esta situación no se pretende interferir en el proceso judicial ni sustituir la labor de los tribunales, sino solicitar que el caso sea conocido por la sociedad y se garantice el respeto a los derechos humanos.

Guillermina Licona, familiar de las mujeres detenidas, expresó su preocupación ante la proximidad de que se cumplan dos años de la detención de sus sobrinas.

“Estas personas empezaron por una amistad, siguieron vendiéndoles unos departamentos, de ahí hicieron como una riña, todo fue planeado y eso hizo que hasta el día de hoy mis sobrinas están recluidas.”

La madre de las afectadas dijo: “Les pido de corazón que nos ayuden, de verdad. Cinco niños están sufriendo por sus papás, yo como abuela, como abuela mamá de mis hijas, ya no aguantamos más, ya no aguantamos más, mis hijas están mal adentro, a mi yerno le han pegado, mis hijas han sufrido amenazas de muerte; entonces, les pido, por favor, que nos ayuden.”

Por otro lado, expuso el caso de una madre que denunció un procedimiento que podría modificar la guarda y custodia de su hija para otorgársela al padre, sin que ella haya sido notificada.

“Además, refiere la existencia de procedimientos relacionados con la sustracción de menores y violencia intrafamiliar respecto del padre. Estos señalamientos requieren verificación y un análisis cuidadoso por parte de las autoridades que conocen el asunto”.

El diputado anotó que una de las primeras cuestiones que debe esclarecerse es qué ocurrió con las notificaciones, por lo que es necesario revisar las constancias, determinar si las actuaciones se realizaron conforme a derecho y garantizar que la madre pueda ejercer sus derechos.

Destacó que la prioridad debe ser la seguridad y el bienestar de la niña, ya que “cualquier decisión sobre guarda y custodia debe partir de sus necesidades y de sus derechos. Tiene que considerar su entorno, los cuidados que recibe, sus vínculos afectivos y los posibles riesgos para su integridad física y emocional.”

Enfatizó que la situación no puede resolverse atendiendo únicamente a la disputa entre las personas adultas, debido a que la menor vive las consecuencias de lo que se determine y requiere que las autoridades examinen la situación cuando existen señalamientos de violencia.

“Corresponde revisar qué se ha denunciado, qué elementos existen, cuál es el estado de los procedimientos y si hay circunstancias que hagan necesarias medidas de protección. Estos señalamientos deben de ser atendidos sin prejuicios y sin minimizar el riesgo. Las autoridades cuentan con responsables concretos que valoran la situación y actuar conforme a lo que se encuentre”.

Consideró necesario abordar también la violencia vicaria y las conductas en las que se utiliza a hijas o hijos para causar daño, ejercer presión o mantener el control sobre una mujer.

“En el caso que hoy hacemos público, corresponde a las autoridades determinar si los hechos denunciados configuran esa forma de violencia.”

Aclaró que, al hacer público el caso, existe la responsabilidad de evitar una exposición que pueda provocar un daño adicional a la menor, quien tiene derecho a vivir con seguridad, recibir cuidados y contar con protección de su estabilidad emocional.

“Pedimos también que las autoridades competentes en protección de la niñez intervengan cuando corresponda y que se valore la necesidad de medidas de protección conforme al riesgo identificado”.

Asimismo, indicó que para estudiar el caso con profundidad son necesarias la perspectiva de género, para reconocer relaciones de control, desigualdad y violencia, y la perspectiva de infancia, a fin de analizar las consecuencias que las decisiones pueden tener para la niña.

Finalmente, solicitó que el caso reciba atención seria, se esclarezcan los hechos denunciados y se adopten las medidas que legalmente correspondan.

Karla Paulina, madre de la menor, afirmó que desde hace cuatro años ella y su hija son víctimas de diferentes tipos de violencia por parte de Rubén, padre de la niña.

“Todo comenzó en el 2022, cuando retuvo a mi hija por un año, después otros seis meses. La Fiscalía de la República me ayuda a recuperar a mi hija a través de policía ministerial.”

Agregó: “La recuperé hace dos años, el 5 de junio del 2024, y en estos dos años mi hija no ha tenido ningún tipo de contacto con su papá. Tiene videollamadas supervisadas para tener contacto con ella, no las ha tramitado, es deudor alimentario, actualmente no me da absolutamente nada”.

Por lo anterior, solicitó justicia para su hija y agradeció al diputado y a las autoridades del Estado de México por prestar atención a su caso.

Texto y Fotografía: Cámara de Diputados