Ciudad de México, 16 de abril de 2026

La diputada Mariana Benítez Tiburcio (Morena), secretaria de la Comisión de Justicia, inauguró el foro “Infancias digitales. ¿Prohibir o regular?”, donde se generó un diálogo sobre la prohibición del acceso a redes sociales en menores, su viabilidad tecnológica y el enfoque de derecho.

Al dar la bienvenida, la legisladora señaló que las redes sociales representan hoy uno de los mayores riesgos para las niñas, niños y adolescentes en México y en el mundo, por la violencia digital, sexual, comercial, extorsión y afectaciones severas a la salud mental.

Sin embargo, legislar desde la urgencia tiene sus propios riesgos. Una norma aprobada sin suficiente análisis puede volverse simbólica, inaplicable o regresiva, puede generar vigilancia masiva sobre los propios niños que se busca proteger, reproducir desigualdades, criminalizar conductas que pueden abordarse desde la educación, o puede simular protección sin producirla.

Por ello, subrayó que este foro no busca construir un consenso artificial, sino una agenda legislativa responsable, identificar qué funciona y podría ser mejor; se pretende explorar alternativas, el diseño seguro de plataformas, la responsabilidad de las empresas tecnológicas, la educación digital como política pública y mecanismos de denuncia accesible.

Además, es un espacio donde las y los legisladores “podemos nutrir nuestra opinión y criterio al ser un tema tan desafiante que tiene muchas vertientes de análisis”, por lo que “no es fácil tomar una decisión, pero de aquí debemos salir con mayor claridad sobre cómo proteger a nuestras infancias”.

Por su parte, el diputado Víctor Hubo Lobo Román (Morena), presidente de la Comisión de Reforma Política-Electoral, subrayó que, solo participando en la solución de la vida de México, se podrá construir el modelo que se requiere y será eficaz si se lleva a cabo de manera conjunta y con un diálogo ágil, como en este foro.

Mesa uno: La prohibición del uso de las redes en menores como política penal

Edgar Iván Colina Ramírez, profesor de derecho penal de la Universidad de Sevilla, indicó vía Zoom que ante un nuevo problema inmediatamente se quieren establecer reglas penales pensando que con esa medida se acabará, de ahí que resulta difícil establecer como delito utilizar las redes sociales a los menores de edad.

La maestra Adriana Labardini Inzunza, coordinadora de Política Pública para América Latina, Rhizomática, comentó que la protección a la infancia no puede partir de la violación de los propios derechos de la niñez, por lo que el problema no es solo de las plataformas sociales, sino que muchas veces está dentro del mismo hogar o la escuela. Entonces, se quieren prohibir las redes digitales cuando el agresor vive con la víctima, o la educa.

Desde Italia, el doctor Nicola María Maiello, profesor en derecho penal de la Universidad de Bolonia, aseveró que ante un problema tan delicado deben prevalecer las instancias culturales y pedagógicas, para evitar que el derecho penal se convierta en el instrumento “todo poderoso” para todos los males.

Consideró que prohibir penalmente el acceso al internet contribuirá a formar generaciones de personas tecnológicamente ignorantes, en un mundo que avanza cada vez más rápido en el progreso informático.

El maestro Marcos Zavala, asesor jurídico del Programa de Fortalecimiento del Estado de Derecho en GIZ (Agencia de Cooperación Alemana), comentó que cerrar el acceso a internet a los adolescentes es el último recurso que tendría el Estado para tratar de controlar el uso de redes, antes de agotar otras medidas que tiendan a corregir el consumo de plataformas.

A su vez, el doctor Pedro Salazar Ugarte, exdirector del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, aseveró que la vía penal no es útil para obtener el resultado que se desea en materia de regular el uso del internet. Lo que se debe poner en el centro son a las personas que se quiere proteger y en este caso son a las niñas, niños y adolescentes, quienes están en una edad transitoria.

Ponentes expusieron las ventajas y riesgos en la limitación de acceso a estos espacios digitales

En la segunda mesa, titulada “¿Es tecnológicamente viable prohibir?”, se abordó el eje temático relativo a la “Capacidad real del Estado y de las plataformas”, donde las y los ponentes expusieron las ventajas y riesgos en la limitación de acceso a estos espacios digitales.

Lina Ornelas Núñez, jefa de Políticas Públicas y Relaciones con Gobierno para México, Centroamérica y El Caribe en Google, destacó la importancia de que haya una edad mínima para el uso de redes sociales, ya que diversos informes demuestran que generan fenómenos nocivos en la salud física y mental de niñas, niños y adolescentes, como la adicción tecnológica y desórdenes alimentarios, entre ellos la bulimia y anorexia, además de problemas de inseguridad y suicidio.

Laura Márquez-Martínez, consultora y cocreadora de soluciones multidisciplinarias y de innovación en materia de acceso a la justicia, opinó que los espacios digitales representan una parte indispensable de la identidad de los menores, además el aprendizaje y pertenencia que corren ahí pueden limitarse, pero no restringirse. Aseguró que una prohibición pura impide el desarrollo de estas competencias y genera desigualdades.

Del Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM, Pablo Pruneda señaló que la regulación de redes sociales y herramientas digitales no debe centrarse en la prohibición, ya que es una medida ineficiente. Subrayó la importancia de construir una regulación colaborativa entre industria, sociedad civil y usuarios, incorporando deberes de cuidado en las plataformas y promoviendo la educación digital para madres, padres y personas usuarias.

En su turno, Cecilia Azuara Arai, socia fundadora de Videre, enfatizó que no existe aún una tecnología capaz de impedir de forma efectiva y respetuosa que los menores accedan a las redes sociales. Además, en caso de prohibírselos encontrarían la manera de evadirlo para continuar sin supervisión ni los cuidados necesarios. Apuntó que se requiere de una ley federal que no sea prohibitiva, sino una regulación que vaya sobre patrones de acción, alfabetización digital y con control parental.

La maestra en administración de negocios, Miriam Padilla Espinosa, consideró importante escuchar a las infancias y evitar enfoques prohibicionistas, apostando por una regulación que obligue a las plataformas a asumir su responsabilidad. Resaltó la necesidad de fortalecer la alfabetización, así como establecer medidas como el tratamiento adecuado de datos, reglas para el perfilado, supervisión, y protecciones desde el diseño, con un enfoque de responsabilidad proactiva que garantice su protección sin restringir sus derechos.

Texto, Fotografía y Video: Cámara de Diputados