30 de octubre de 2026

Diputados cuestionan que investigaciones periodísticas revelaran posibles irregularidades que los mecanismos de vigilancia del INE no esclarecieron oportunamente.

Contralor reporta cinco procedimientos administrativos, 40 contratos revisados y un ahorro potencial de 3 mil millones de pesos; sin aclarar investigaciones contra Taddei ni posibles denuncias ante la FGR y la Comisión Nacional Antimonopolio.

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN) exigió al titular del Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE), Víctor Hugo Carvente, rendir cuentas sobre las contrataciones bajo sospecha, posibles conflictos de interés y el avance de las investigaciones, así como esclarecer las responsabilidades de funcionarios y proveedores, incluida la posible participación de personas vinculadas con la anterior presidencia del instituto.

Durante la comparecencia ante comisiones de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán cuestionó que el OIC, pese a participar en los procedimientos de adquisición, no hubiera detectado oportunamente posibles irregularidades en contratos del INE.

Se refirió al caso de Picacho 259, domicilio que, según los señalamientos periodísticos citados durante la sesión, estaría relacionado con distintas empresas proveedoras, lo que plantea interrogantes sobre sus posibles vínculos.

Recordó que, en la comparecencia del 9 de septiembre, el contralor dedicó apenas seis renglones de una versión estenográfica de 789 a estos señalamientos.

“Le recomiendo, señor titular del Órgano Interno de Control, que contrate a periodistas.

Ellos sí han podido descubrir lo que los mecanismos institucionales de vigilancia no hicieron, pero sí lo hicieron los periodistas”, reclamó la legisladora.

Los antecedentes de fiscalización también fueron cuestionados por Carmen Rocío González, quien recordó que desde septiembre el propio contralor había informado sobre depósitos de proveedores a servidores públicos y omisiones de ingresos de hasta cinco millones de pesos en declaraciones patrimoniales.

Exigió precisar qué medidas cautelares se han solicitado para preservar pruebas y qué investigaciones se siguen contra particulares.

Además, advirtió que la presunta simulación de licitaciones podría constituir una práctica monopólica absoluta, por lo que preguntó si el OIC presentó denuncias ante la Comisión Nacional Antimonopolio por una posible colusión entre empresas y ante la Fiscalía General de la República (FGR) por posibles delitos relacionados con las contrataciones públicas.

“La simulación de licitaciones no sólo vulnera el erario, sino que constituye una práctica monopólica absoluta que daña el régimen de libre concurrencia económica”.

La discusión alcanzó las facultades concentradas en la presidencia del INE y las posibles interferencias en las investigaciones.

Héctor Saúl Téllez cuestionó si los cambios que redujeron las decisiones colegiadas facilitaron las contrataciones señaladas y preguntó al contralor si recibió presiones políticas para frenar o retrasar las indagatorias.

También señaló los presuntos privilegios de las llamadas “familias oligárquicas del bienestar”, al referirse a viajes a París que vinculó con proveedores del instituto, y exigió conocer cuántos casos han sido notificados al Ministerio Público por posibles delitos.

“Si el órgano encargado de combatir la corrupción fue limitado y no actuó, o fue callado y no hizo nada, ya no hablamos entonces de omisión, sino de una probable complicidad”.

En su intervención de cierre, Éctor Jaime Ramírez Barba señaló que cinco empresas presuntamente vinculadas obtuvieron contratos electorales por al menos 2 mil 461 millones de pesos, cifras que atribuyó al estudio del OIC.

“El INE no es botín de nadie, Morena no debe seguir colonizando el INE, México necesita un árbitro autónomo, profesional y limpio, no una oficina más del oficialismo.

Acción Nacional va a defender el INE, incluso de quienes la han dirigido mal”, sostuvo el legislador, quien también cuestionó por qué los mecanismos institucionales de vigilancia no detectaron ni hicieron públicos oportunamente los posibles actos irregulares en las contrataciones del instituto.

También exigió protección efectiva para denunciantes, mediante confidencialidad, canales seguros y garantías contra represalias.

Durante la comparecencia dio lectura a un comunicado atribuido a la Auditoría Superior de la Federación sobre investigaciones de oficio relacionadas con posibles irregularidades en contrataciones, conflictos de interés y triangulación de recursos.

Ante los cuestionamientos, Víctor Hugo Carvente informó que el OIC ha iniciado cinco procedimientos de responsabilidad administrativa y que su auditoría examinó una muestra de 40 contratos.

También señaló que, a partir del análisis de precios de adquisición del INE y de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES), se identificó un ahorro potencial de aproximadamente 3 mil millones de pesos.

Reconoció que las revisiones no comprenden la totalidad de las contrataciones, aunque precisó que ello no exime al órgano de sus responsabilidades.

Sin embargo, en la respuesta revisada no precisó si existen investigaciones que involucren directamente a la expresidenta del INE, Guadalupe Taddei, ni aclaró si se han presentado denuncias penales ante la FGR o acciones ante la Comisión Nacional Antimonopolio por una posible colusión entre proveedores.

Los legisladores del PAN insistieron en que el esclarecimiento de las contrataciones cuestionadas requiere determinar responsabilidades de servidores públicos y particulares, investigar posibles prácticas de colusión, proteger a quienes denuncian y garantizar que los

procedimientos deriven en resoluciones y sanciones conforme a la ley.

La exigencia forma parte de la ruta #UnINELibre, orientada a fortalecer la transparencia, la autonomía y los mecanismos de control del instituto.

Texto y Fotografía: Grupo Parlamentario del PAN en Cámara de Diputados