Ciudad de México, 28 de mayo de 2026

El diputado Gibrán Ramírez Reyes (MC), junto a regidores de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, denunciaron la presunta falsificación de documentos oficiales y el uso indebido de recursos públicos, por lo que solicitaron la intervención de autoridades estatales y federales para revisar los hechos.

En conferencia de prensa, el diputado sostuvo que en Oaxaca se está construyendo un esquema de concentración de poder que ya está afectando a la oposición política.

“Lejos de esa supuesta ‘primavera oaxaqueña’, hay también la construcción de un régimen autoritario donde se ha tomado no solamente el Poder Ejecutivo, ya deslegitimado, porque se sometió a un proceso de revocación de mandato, en el que no sabemos si se ratificó o no se ratificó, porque estuvo lleno de prácticas de fraude. Tiene tomado, desde luego, también el Poder Legislativo, donde hay una exclusión a la pluralidad y tienen tomado del mismo modo el Poder Judicial”.

Aseguró que uno de los casos más graves se encuentra en Santa Lucía del Camino, “donde por medio de un fraude gravísimo que implica la falsificación de firmas, de sellos, en última instancia la suplantación de identidad, se ha omitido el pago de impuestos de los regidores y después se les ha mal defendido con una firma jurídicamente inexistente, con falta de registros pertinentes para defenderlos”.

Añadió que las consecuencias de estas acciones habrían generado sanciones económicas. “Y la defensa ha sido fallida, entonces han dejado a los regidores sin que pudieran ver los expedientes, con deudas personales superiores a los 200 mil pesos”.

Por su parte, Adriana Díaz, regidora del citado municipio, afirmó que el gobierno municipal centralizó las notificaciones judiciales a través de un despacho jurídico cuya existencia legal es cuestionable.

“Ordenó que toda notificación judicial fuera entregada exclusivamente a ‘Kratos Abogados’, una firma que no cuenta con registro en el Sistema de Información Empresarial Mexicana, el famoso CIEM. Y nos hemos preguntado, ¿cómo les pagan? Eso sí, al pagar honorarios a esta entidad inexistente, se viola el artículo 43, fracción cuarta de la Ley Orgánica Municipal”.

Subrayó que estos hechos demuestran que se opera unas “fábrica de firmas y sellos oficiales, han presentado actas de cabildo y defensas con firmas y sellos falsos.

“Es por eso que responsabilizo al presidente municipal Juan Carlos García Márquez de cualquier acto de violencia, acoso o intimidación a mi persona y a toda mi familia”.

Luis Rey López Martínez, también regidor, afirmó que existe una presunta red de protección judicial, ya que diversas resoluciones favorecen intereses particulares. “Utilizan argucias procesales para desechar amparos e incidencias de nulidad por forma.

“Se niegan a realizar periciales caligráficas porque saben que las firmas y los sellos son falsos. Protegen la apariencia de legalidad del grupo Kratos, por encima del derecho humano a la justicia pronta y expedita, como lo marca el artículo 17 constitucional”.

“Nosotros le pedimos al gobernador Salomón Jara, al Congreso del estado, al Congreso Federal, que volteen a ver lo que está pasando en Santa Lucía, porque no nada más, no es un municipio aislado, no es un caso aislado”, concluyó.

Texto, Fotografía y Video: Cámara de Diputados