2 de noviembre de 2026

Especialistas y abogados alertan sobre fallas jurídicas, complicidad de autoridades y redes delictivas que facilitan el despojo de inmuebles

Proponen agilizar aseguramientos, restituciones y fortalecer la protección legal de las víctimas

La diputada María Rosete Sánchez (Morena) realizó el foro “Despojo e invasión de propiedades: Problemas, responsabilidades y caminos de solución”, con el propósito escuchar a las víctimas, identificar las deficiencias del marco jurídico, reconocer las responsabilidades de las autoridades y construir propuestas que permitan prevenir, combatir y sancionar estas conductas.

La legisladora afirmó que es necesario que las instituciones actúen con oportunidad, las autoridades atiendan a las víctimas y terminar con los mecanismos legales que impiden que la burocracia o la corrupción favorezcan a quienes cometen estos abusos.

Rosete Sánchez indicó que desde la Cámara de Diputados tienen la responsabilidad de transformar las preocupaciones de la ciudadanía en acciones legislativas concretas, porque las leyes deben responder a la realidad que viven las personas y no permanecer alejadas de sus necesidades.

Agradeció a las autoridades, especialistas, representantes de organizaciones y ciudadanos, “porque estoy convencida de que, mediante el diálogo, la coordinación institucional y la voluntad de trabajar podremos encontrar soluciones verdaderas.

“Resulta profundamente indignante que existan personas que, mediante amenazas, engaños, documentos falsos, abuso de confianza o aprovechándose de la vulnerabilidad de otras, pretendan arrebatarles a las familias aquello que legítimamente les pertenece.

“Y más indignante resulta cuando las víctimas tienen que enfrentarse a procedimientos interminables, obstáculos institucionales o a la indiferencia de quienes tienen la obligación de procurar justicia”, expresó.

En su oportunidad, Daniel Correa Martínez, titular de la Unidad Especial para la Investigación de los Delitos de Despojo y contra la Seguridad de la Propiedad y Posesión de Inmuebles de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, destacó que derivado de la creación de ésta el 25 de abril de 2025, a través del acuerdo 03-2025, se erigieron cinco sedes de la misma.

Mencionó que las unidades están ubicadas en los municipios de Chalco, Nezahualcóyotl, Toluca, Ecatepec y Tlalnepantla, lo que comprende 30 municipios de la zona conurbada que abarcan las fiscalías regionales de Tlalnepantla, Cuautitlán, Naucalpan y parte de la de Tecámac, así como Zumpango.

En ese sentido, resaltó que han visualizado cambios jurídicos y sociales que implican el tema de la política criminal.

Compartió que actualmente en el Estado de México tienen registrados 2 mil 878 inmuebles asegurados, 2 mil 260 casas, 574 predios y 44 predios de uso comercial, de los cuales hasta el momento se han devuelto a sus legítimos propietarios mil 859: mil 489 casas, 364 predios y seis de uso común.

Asimismo, se han realizado 4 mil 978 detenciones en flagrancia, de los cuales 408 son por despojo, 18 delitos contra la propiedad y 64 por delitos diversos y 75 órdenes de aprehensión, entre ellas, 53 objetivos propietarios, personas, sindicatos e incluso asociaciones que se dedican al tema del despojo y 22 órdenes de aprehensión en contra de personas no relacionadas como objetivos, sino de delitos como la extorsión.

En su oportunidad, Jesús Salazar Velázquez, director General Jurídico y de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, explicó que al llegar a la administración capitalina se detectó la problemática de despojo por lo que la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, decidió crear el gabinete contra el despojo, con el cual busca dar atención y seguimiento integral  las víctimas.

Detalló que bajo su administración se abrieron dos nuevas áreas dedicadas a esta labor: la Dirección Jurídica de Atención y Análisis contra el Despojo, a cargo de Valeria Sánchez, y otra división operativa.

En su oportunidad, Valeria Sánchez González, directora jurídica contra el Despojo de la Ciudad de México, expuso que el delito de despojo puede venir precedido de falta de regularización de los inmuebles por temas adquisitivos, reventa múltiple de propiedades o propiedades intestadas donde los dueños originales fallecieron.

Compartió que han detectado que quienes cometen el despojo no siempre se quedan a vivir ahí, sino que rentan los inmuebles. Por ello, cuando se hace una intervención operativa, se topan con que los habitantes actuales también son víctimas del engaño.

En ese contexto, mencionó tres iniciativas para acelerar la justicia: evitar la duplicidad de delitos, agilizar los aseguramientos a un plazo de 15 días, ya que los delincuentes suelen robarse o quedarse con el mobiliario de casa de la víctima, y la implementación de una alerta registral para detectar de inmediato movimientos sospechosos de estructuras.

En tanto, José Bermúdez Rocha, fundador del Bufete Rocha, señaló que en la ley solo actúa a instancia de parte; si la víctima no se acerca de manera formal a denunciar, los esfuerzos de coordinación policiaca e interinstitucional no sirven de nada.

Explicó que el éxito del modelo del Estado de México radica en la figura de aseguramiento de los bienes mediante un acuerdo directo en la carpeta de investigación, lo cual agiliza la entrega a los dueños legítimos sin trabas judiciales que burocratizan el proceso.

Criticó que se otorguen suspensiones o amparos promovidos por abogados particulares, lo que entorpece las restituciones de inmuebles y pidió a los abogados litigantes a ser objetivos y éticos al revisar si a un cliente realmente le asiste el derecho sobre una propiedad antes de defenderlo.

En su oportunidad, Fernando Diego Segura, abogado penalista, alertó que el despojo no solo ocurre por invasores de la calle; también participan bancos, inmobiliarias y despachos que compran carteras vencidas de créditos de vivienda, como del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

Relató que en vez de iniciar juicios civiles legítimos para recuperar una propiedad con adeudos estos grupos contratan a personas armadas o encapuchadas que fingen ser consejeros o policías.

“Llegan amedrentando a los habitantes y, en cuestión de minutos, sacan todas sus pertenencias a la calle de manera ilegal”.

Durante su participación, Jorge Jacquinde García, exagente del Ministerio Público de la Federación, apuntó que en muchas zonas del Estado de México existen terrenos que antes eran ejidos y que las personas solo poseen mediante contratos privados de compraventa.

“Los delincuentes aprovechan este vacío para regularizarlos falsamente a nombre de terceros en contubernio con autoridades locales”, expuso.

Recordó que el Estado cuenta con la figura del asesor jurídico gratuito para representar a las personas que no tienen recursos para un abogado particular.

Finalmente, José Antonio Hernández Quintero, abogado, destacó la importancia de la Ley General de Armonización y Protección Catastral y Registral, ya que explicó que ésta vincula directamente la información de los registros públicos y catastros de todo el país, facilitando a los Ministerios Públicos (MP) verificar rápidamente si una escritura es auténtica o apócrifa.

Advirtió a las personas afectadas evitar la confrontación directa o intentar sacar a los invasores por mano propia, ya que el propietario legítimo podría incurrir en un delito.

Texto, Fotografía y Video: Cámara de Diputados