Ciudad de México, 28 de abril de 2026

En el apartado de Agenda Política, integrantes de los Grupos Parlamentarios fijaron su postura en torno al informe de las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública, sobre la reunión en la que recibirían a la gobernadora del estado de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván.

La presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, dio cuenta a la Asamblea del recibimiento de este informe por parte de la Mesa Directiva e instruyó su publicación en la Gaceta del Senado para su máxima publicidad.

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón Zetina, señaló que a las 09:05 horas de este martes, a menos de dos horas de realizarse la reunión, se recibió el oficio con el que la gobernadora declinó la invitación, aun cuando se trataba de un ejercicio de colaboración institucional y un diálogo republicano con el Poder Legislativo.

Precisó que la reunión tenía su motivación, porque corresponde al Senado revisar los actos que inciden en el pacto federal y el equilibrio entre órdenes de gobierno y, en este caso, dijo, hay una transgresión constitucional de gran magnitud por actos que permitieron o toleraron la participación de agentes extranjeros en territorio nacional.

El senador añadió que ninguna entidad federativa puede tener atribuciones que corresponden de manera exclusiva a la Federación, particularmente en temas de seguridad nacional, relaciones internacionales, participación de agentes extranjeros o la preservación de la soberanía nacional.

Además, indicó que existe la posibilidad de responsabilidad penal y traición a la patria, porque consentir la presencia y operación de agentes extranjeros es una clara afectación a la soberanía nacional; por ello, el Senado, como representación federal, debe tener claridad sobre cualquier actuación de autoridades que ponga en riesgo la seguridad nacional.

Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, afirmó que lo sucedido en Chihuahua fue una violación contundente a la soberanía nacional, por eso se llevaría a cabo la reunión con la gobernadora, como un ejercicio republicano, pero que no se realizó por razones desconocidas, es decir, hubo un desacato político.

Agregó que la creación de la unidad para esclarecer los hechos también es ilegal y una invasión de competencias, porque al ser delitos federales es la Fiscalía General de la República la autoridad que debe realizar la investigación correspondiente.

Puntualizó que se violaron varios artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la Ley de Seguridad Nacional, lo que es muy grave y que, en conjunto, son elementos que generan incertidumbre y colocan este caso en un nivel de seguridad nacional.

“Exigimos certeza y legalidad, porque México necesita claridad, sobre todo porque la soberanía demanda respeto absoluto. No hay espacio para la duda y por eso este Senado exige claridad”, expresó.

De Morena, Juan Carlos Loera de la Rosa, precisó que el Senado de la República representa el Pacto Federal, por lo que en hechos que involucran la seguridad nacional y la coordinación con gobierno extranjeros debe actuar con firmeza y dignidad; “lo ocurrido en Chihuahua debe analizarse con seriedad, con institucionalidad y dentro del marco constitucional”, indicó.

Mario Humberto Vázquez Robles, del PAN, calificó de “desproporcionada” la medida de solicitar la asistencia de la gobernadora de Chihuahua en el Senado y cuestionó si esta situación es una defensa uniforme de la soberanía o si se está utilizando el tema con fines políticos; “la soberanía no puede depender de la conveniencia política del momento”, añadió.

Por Morena, Enrique Inzunza Cázarez acusó que la creación de una Unidad Especializada dentro de la Fiscalía de Chihuahua para investigar los hechos en los que fallecieron dos agentes de Estados Unidos vulnera el orden constitucional de competencias del Gobierno Federal, por lo que, advirtió, sus investigaciones “son actos viciados de nulidad” que carecen de legalidad.

Por MC, Clemente Castañeda Hoeflich consideró que el gobierno Federal ha incurrido en omisiones al igual que el gobierno de Chihuahua, por no supervisar la actuación de los agentes extranjeros en territorio nacional, además de que el Senado de la República también está en falta, por no haber instalado la Comisión Bicameral encargada de revisar esos temas.

Javier Corral Jurado, de Morena, señaló que Unidad Especializada creada para investigar los hechos ocurridos en Chihuahua es una “farsa”, pues su titular ha asegurado que el comandante fallecido en los hechos, Pedro Oseguera Cervantes, fue el responsable de “infiltrar” a los agentes de la CIA en el operativo, con lo que se “pretende imponer responsabilidad a quien no puede defenderse”.

La senadora Claudia Edith Anaya Mota, del PRI, pidió “no caer en politiquerías”, al enfatizar que la soberanía del país “debería unir, no dividir”; en ese sentido, propuso que se sigan los protocolos constitucionales y legales para que se haga una investigación válida sobre los acontecimientos ocurridos en Chihuahua.

Ricardo Anaya Cortés, del PAN, lamentó que se quiera “linchar” a una gobernadora de oposición cuya “única falta” fue recibir información de la CIA para ubicar un “narcolaboratorio” y proceder a desmantelarlo, mientras que no ha ocurrido lo mismo con el gobernador de Sinaloa por las circunstancias en torno al traslado de Ismael “Mayo” Zambada a los Estados Unidos.

Texto y Fotografía: Cámara de Senadores