Ciudad de México, 28 de abril de 2026

El diputado federal Víctor Hugo Lobo Román (Morena) presentó una iniciativa de reforma para simplificar el sistema de medios de impugnación en materia electoral, en el que plantea, entre otros aspectos, la incorporación de un sistema completo de juicio electrónico.

La propuesta, del también presidente de la Comisión de Reforma Política Electoral en la Cámara de Diputados, es expedir la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral y abrogar la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

En su exposición de motivos, Lobo Román establece que se busca una simplificación real en la que se consoliden cuatro instrumentos claros: el recurso de revisión administrativo; el juicio electoral; el juicio de revisión constitucional electoral, y el juicio laboral del Instituto Nacional Electoral (INE).

“El objetivo es que un ciudadano pueda saber qué recurso interponer sin necesitar un abogado especializado en liturgia procesal electoral”, enfatizó el legislador al presentar su iniciativa.

La propuesta, continuó, busca incorporar un sistema digital de justicia que cuente con firma y expediente electrónico, se notifique por correo con confirmación de envío, y se tenga la posibilidad de tramitar el medio de impugnación en todas sus etapas sin pisar una oficina.

Además, dijo, se incorpora la figura de _amicus curiae_ o “amigo de la Corte” para casos de alta relevancia pública en los que aporten información objetiva con argumentos técnicos o conocimientos especializados.

El legislador agregó que por primera vez se establecerán tiempos para las resoluciones, con lo que conseguirá una justicia plena y expedita en favor de la ciudadanía.

Lobo Román recordó que la actual legislación en materia de impugnación tiene 30 años que se expidió y ha tenido muy pocos cambios.

“En otro México fue que se creó (la actual), cuando entonces se empezaba a construir el IFE y el INE, con más de cinco reformas al artículo 17, por ello es indispensable que las y los ciudadanos que participan en procesos electorales cuenten con elementos y las condiciones suficientes y necesarias para defender sus derechos mediante un marco normativo, claro, preciso y robusto sin ambigüedades”.

“Hoy tenemos una legislación procesal que cita ordenamientos derogados como el COFIPE desaparecido en 2014, o que no reconoce expresamente el derecho a la tutela judicial efectiva consagrada en nuestra Constitución, o por las complejidades que por este proceso y los medios de interponer complica la defensa de los derechos de las y los ciudadanos. Esto es falla estructural del sistema de justicia electoral”, sostuvo.

Agregó que su iniciativa obliga al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ((TEPJF) a garantizar intérpretes para hablantes de lenguas indígenas y para personas con discapacidad, ajustes razonables al procedimiento, suplencia de la queja para grupos vulnerables, y sentencias en formatos accesibles.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Reforma Política Electoral para dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para opinión.

Texto y Fotografía: Cámara de Diputados