Ciudad de México, 28 de abril de 2026

Por unanimidad, la Comisión de Anticorrupción y Transparencia aprobó un dictamen para solicitar a la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Morelos (ESAF), un informe sobre las observaciones derivadas de la fiscalización de la Cuenta Pública en el municipio de Cuautla, que incluya el estado procesal de la misma y, en su caso, montos observados y no solventados.

Además, se instó a la ESAF para que actualice en sus portales de transparencia e información pública los informes relativos a las auditorías practicadas a los municipios, incluyendo sus resultados, observaciones y acciones derivadas de las mismas, de conformidad con los principios de transparencia, máxima publicidad y rendición de cuentas.

En el dictamen se hace referencia al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se establece que los recursos públicos deben administrarse con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.

Además, destaca que las irregularidades financieras en el municipio de Cuautla superan los 300 millones de pesos por ejercicio fiscal en los años 2021, 2022 y 2023, lo que constituye una afectación grave a dichos principios y un presunto daño patrimonial superior a los 900 millones de pesos.

Los senadores destacaron que la información relativa a las auditorías practicadas a los municipios de Morelos durante los ejercicios fiscales 2024 y 2025 no se encuentra disponible de manera clara y sistematizada en los portales oficiales de la Auditoria Superior de la Federación (ASF) ni de la ESAF.

En este sentido, se hace notar que la ausencia de datos completos y accesibles sobre observaciones, procedimientos iniciados y sanciones derivadas de las auditorías limita el derecho de acceso a la información pública, previsto en el artículo 6º constitucional, y debilita la confianza ciudadana en las instituciones fiscalizadoras.

La falta de información accesible -se agrega en el documento-, no sólo afecta a la ciudadanía en general, sino también a investigadores, periodistas y organizaciones civiles que requieren datos confiables para evaluar el manejo del gasto público, en términos de lo dispuesto por el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la legislación en materia de transparencia.

Texto y Fotografía: Cámara de Senadores