La Cámara de Diputados emitió proyecto de declaratoria de aprobación de la reforma al artículo 73 de la Constitución Política, para facultar al Congreso de la Unión a expedir una ley general en materia de feminicidio, que contenga como mínimo los tipos penales y sus sanciones.
Ciudad de México, 28 de abril de 2026
El diputado Gabriel García Hernández (Morena) recibió a operadoras y operadores de mototaxistas, bicitaxis y ciclotaxis que le hicieron la entrega de 250 mil firmas en apoyo a su propuesta que busca incluir en la ley al transporte conocido como “de barrio” o de “última milla”.
Al recibir a las y los transportistas, quienes se manifestaron de forma pacífica en las inmediaciones de la Cámara de Diputados, el diputado expresó que se “ha hecho historia porque hay 250 mil firmas” de apoyo al plan de justicia para el transporte también conocido como “última milla”.
“Este trabajo no queda aquí, va a pasar a la casa del pueblo una comisión y vamos a firmar la recepción, no son ustedes nada más, son 250 mil personas que están dando aquí su firma original para que se practique”, enunció frente a las y los manifestantes.
Posteriormente, en conferencia de prensa, destacó que “2 mil 700 unidades de mototaxis y bicitaxis, el transporte conocido como de ‘última milla’, ‘de barrio’, pertenecientes a varios estados de la República cercanos, en conjuntos con organizaciones, se dieron cita para que de manera pacífica se presentara firmas”.
Explicó que esta modalidad de transporte beneficia a cerca de 200 mil familias a nivel nacional y, tan solo en la Ciudad de México, moviliza diariamente a 1.5 millones de personas. Sin embargo, actualmente no cuenta con reconocimiento “en la ley general de movilidad, no forman parte del sistema nacional de movilidad”.
Hizo énfasis en que su iniciativa busca que, de ser avalada, las entidades federativas estén obligadas a regular esta actividad y garantizar derechos a quienes la ejercen.
“Que esta iniciativa de ley sea presentada de tal manera que se reconozcan sus derechos y que, a partir de esta aprobación, en todas las entidades federativas, estén obligados en sus normatividades locales a emitir reglas que regulen y reconozcan los derechos de las y los transportistas de barrio”, expresó.
Informó que, previo a la conferencia de prensa, se instaló una mesa de trabajo con autoridades de los tres niveles de gobierno, con acompañamiento de la Secretaría de Gobernación, para dar seguimiento al denominado Plan de Justicia para el Transporte de Barrio, integrado por 12 puntos en materia de derechos sociales y laborales para estos transportistas.
El legislador enumero las exigencias del sector que se abordaron en la reunión: Uno, el reconocimiento legal del transporte de barrio dentro del Sistema Nacional de Movilidad; dos, reconocimiento de derechos sociales: acceso a salud, vivienda y pensión para los transportistas.
Tres, reglas claras en la vía pública como paradas seguras, orden vial y respeto al peatón; cuatro, organización comunitaria mediante cooperativas; cinco, seguridad para personas usuarias y conductoras con el uso de GPS, cámaras y botones de emergencia; seis, capacitación y formación en derechos humanos, primeros auxilios, además de exámenes de la vista.
Siete, escucha ciudadana y diálogo con vecinos; ocho, inclusión de personas migrantes con garantía de derechos laborales; nueve, impulso a la economía local; diez, crédito y apoyo financiero; once, implementación de transporte limpio con uso de tecnologías eléctricas; y doce, integración a la economía popular.
El parlamentario enfatizó en la necesidad de otorgar derechos laborales a los operadores. “Reconocer los derechos sociales, porque no tienen posibilidad de acceder a salud, vivienda, pensión como trabajadores”, dijo.
Por su parte, Jacqueline Martínez, representante de la cooperativa “Unión, Fuerza y Lealtad”, expuso la importancia social del servicio que prestan. “No nada más somos el transporte de barrio, somos los que llevamos a sus hijos a la escuela”,
Añadió que este sector cumple funciones esenciales en comunidades donde otros medios de transporte no llegan. “Nosotros somos la parte de la escuela, la de que si llega el metrobús somos los últimos que estamos esperando a la gente y la llevamos a su casa”, indicó.
Subrayó que esta movilización se realizó de forma pacífica y con el objetivo de ser reconocidos como trabajadores formales. “Hoy nos toca levantar la voz por un derecho que también nosotros tenemos. También tenemos necesidad de vivir dignamente, como cualquier otro empleo”.
El diputado García Hernández recalcó que se trata de un movimiento ciudadano independiente y el objetivo es avanzar en el reconocimiento legal e implementación del plan de justicia para este sector.
“Entonces, es una contribución social a la seguridad y no estar criminalizándolos, que son delincuentes, que provienen de no sé qué, cuando son familias trabajadoras”, concluyó.
Texto, Fotografía y Videos: Cámara de Diputados