30 de septiembre de 2026

El diputado del PVEM señala que una amenaza de muerte exige una respuesta seria y, cuando una autoridad conoce hechos de violencia necesita valorar el riesgo y saber qué medidas tomar

El diputado Felipe Miguel Delgado Carrillo (PVEM) informó que impulsa una iniciativa que fortalecer su aplicación de la ley en materia de feminicidio con criterios comunes, obligaciones concretas y mejor coordinación.

“Una amenaza de muerte exige una respuesta seria; cuando una autoridad conoce hechos de violencia necesita valorar el riesgo y saber qué medidas tomar. La mujer que pide protección debe poder confiar en que su solicitud tendrá seguimiento y en que la información llegará a quienes deben auxiliarla, este es el marco que nos antecede para presentarlo”, indicó.

En conferencia de prensa, destacó que los datos muestran la magnitud del reto: en 2021, según el Inegi, el 42.8 por ciento de las mujeres de 15 años y más, experimentó alguna situación de violencia.

Agregó que también se encontró que a lo largo de su vida, el 49.7 por ciento había experimentado violencia sexual y el 34.7 por ciento violencia física, casi la mitad en el primer caso y más de una tercera parte en el segundo.

“Estos porcentajes no se suman, una mujer puede haber vivido distintas formas de violencia, tampoco son cifras, muestran por qué la prevención exige identificar el peligro específico y ofrecer una respuesta adecuada para cada caso.

“México cuenta con un marco de protección, pero esta iniciativa busca fortalecer su aplicación con criterios comunes, obligaciones concretas y mejor coordinación, lo hace a través de cuatro ejes”, manifestó.

En ese sentido, Delgado Carrillo explicó que su propuesta se basa en tres ejes: el primero, una evaluación común y para ello se propone la creación de una cédula nacional de valoración del riesgo para las autoridades competentes, a fin de reconocer el peligro y orientar las decisiones.

“Cuando los hechos se conozcan por otras vías, la actuación no deberá depender de una ratificación formal de denuncia. Con esto buscamos atender una zona gris que hay actualmente en nuestro marco legal, entre los protocolos que delimitan las restricciones a una mujer que sufre de violencia sexual y que es constantemente acosada.

“Se le aplican medidas restrictivas al agresor, pero en esa ventana de la aplicación el agresor puede reincidir y reincidir y reincidir. En este caso la mujer obviamente llama a la autoridad para fortalecer las medidas de protección, pero muchas veces esta zona se pierde entre un riesgo real de pérdida de vida”.

El segundo eje, agregó, será vincular cada nivel de riesgo con medidas mínimas de protección y mantenerlas mientras el riesgo persista.

La víctima podrá pedir una reevaluación que deberá de resolverse dentro de las siguientes 24 horas. Es decir, si la víctima dice o enfatiza el riesgo, la autoridad debe responder, en consecuencia, dentro de un lapso de 24 horas máximo.

El diputado sostuvo que el tercer eje de este proyecto es consultar obligatoriamente el registro de órdenes de protección y fortalecer la comunicación con quienes atienden las emergencias.

Las medidas vigentes y en nivel de riesgo deben acompañar la respuesta institucional. Además, si una orden se incumple, la autoridad que la emitió deberá reevaluar el riesgo dentro de estas primeras 24 horas y en las siguientes dar a conocer el hecho y reforzar la protección.

Texto, Fotografía y Video: Cámara de Diputados