Concluyen las audiencias públicas sobre la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

30 de septiembre de 2026

Se debe crear una propuesta viable, aplicable, realista y que cuide al medio ambiente: diputada Benavides Cobos (PVEM)

Concluye en la Cámara de Diputados, la jornada de las “Audiencias Públicas sobre la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente”, en donde participaron diputadas, diputados, académicos, investigadores, especialistas, representantes de organizaciones sociales, comunidades indígenas y rurales, institutos y colegios, así como representantes de los sectores productivos.

La diputada Gabriela Benavides Cobos (PVEM), presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, señaló que se tienen muchas opiniones y recomendaciones y la idea es trabajar con una propuesta que sea viable, aplicable, que modernice y actualice una ley que tiene cuatro décadas, pero, que también sea realista y cuide al medio ambiente.

Refirió que se ha escuchado a las diversas autoridades ambientales estatales con preocupaciones respecto de sus competencias, de cómo fortalecer las opiniones de los estados y cómo pueden proponer que sean vinculantes. “Coincidimos en que estas autoridades junto con las municipales son la primera línea de acción y las que responden a la sociedad de manera inmediata”.

Mencionó que por parte de la sociedad se ha escuchado el tema de los bosques de agua, evitar la centralización, contaminación del agua, el derecho de la información y transparencia y de cómo generar la responsabilidad de las aguas residuales.

“Son muchos los temas que involucran la actualización de una ley tan importante, no será un tema sencillo debemos de reconocerlo, pero, es algo necesario que debe sumar todas las voluntades. También, decir que existen opiniones encontradas y buscaremos la manera de cómo logramos esa coincidencia y sacar el mejor trabajo con las autoridades”, agregó.

Ponentes

Al participar en la mesa “Autoridades ambientales estatales y federales”, el diputado Jaime Eduardo Cantón Rocha (Morena) del Congreso del Estado de Baja California, expuso que Mexicali es una de las ciudades más contaminadas en su calidad del aire en todo el país por distintos motivos; por ello, es importante que exista una política estatal de prevención alineada con la estrategia federal.  

Norma Elvia Martínez Santos, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Estado de Baja California, resaltó que en el país el desafío ambiental no es un concepto lejano sino una realidad cotidiana, desde la gestión integral de residuos sólidos urbanos hasta el combate por mejorar la calidad del aire. “Estamos enfrentando día a día la urgencia de actuar desde las distintas secretarías ya que la crisis climática es una condición que impacta directamente en la salud de las familias y comunidades”.  

Angélica Lizeth Jiménez Hernández, directora general del Instituto para el Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Estado de Colima, dijo que esta nueva ley debe ser el motor de un verdadero federalismo ambiental y que la ciudadanía y los gobiernos locales deben participar desde el origen de las políticas. “Requerimos que las reglas sean claras para aplicar el principio precautorio, las decisiones ambientales del país serán aún más sólidas si las construimos en conjunto”.

El subsecretario de Protección al Medio Ambiente y Recursos Naturales de Nuevo León, Alfonso Martínez Muñoz, comentó que es necesario que se organice la Federación, los estados y municipios para resolver los problemas ambientales que enfrenta el país. Añadió que valdría la pena regresar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, las atribuciones del control de la calidad de los combustibles fósiles.

Karina Castillo López, jefa del departamento de enlace interinstitucional de la Comisión de Saneamiento y Restauración del Río Lerma Santiago, consideró que la discusión de la nueva ley representa una oportunidad para fortalecer el marco jurídico ambiental del país, restaurar los ríos y cuencas, y pueda convertirse en una política pública permanente, territorial, coordinada y con resultados verificables.

Andrés Ávila, miembro del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología, subrayó que durante años los pueblos originarios, comunidades, ejidos, gobiernos estatales, academia y sociedad civil han impulsado acciones en el territorio, esquemas de coordinación e iniciativas legislativas para reconocer y proteger los bosques que sostienen el agua de nuestras ciudades.

Jorge Escobar Martínez, del Consejo Consultivo de la Federación Mexicana del Colegio de Biólogos, comentó que la ley sigue tratando a estados y municipios como ejecutores de directrices federales, remprendiendo una dirección regresiva en el pacto federal al desplazar las normativas estatales en lugar de potenciar su autonomía para gestionar sus propios ecosistemas y el derecho a un medio ambiente sano.

Héctor Regules Garibay representante de la Asociación Mexicana de exportadores de miel de abeja AC, refirió que la apicultura no debe ser evaluada únicamente bajo la métrica de producción pecuaria o el volumen de tonelaje exportable, ya que realizarlo de esta forma crearía un sesgo importante que no permitiría ver el impacto positivo que estas actividades tienen en los ecosistemas.

Roberto Hernández Juárez, investigador del laboratorio virtual de derecho y desarrollo sostenible, propuso modificar los artículos del 4 al 8, mismos que distribuyen competencias entre Federación, estados, municipios que deben establecer deberes mínimos y plazos de actuación. También, establecer que ninguna autoridad podrá declararse incompetente sin adoptar antes medidas urgentes para detener un daño grave.

 Grisela Franco García, directora general de desarrollo sustentable de Grupo Franco, mencionó que se tiene la oportunidad de presenciar y contribuir en el proceso de la actualización de esta ley ambiental, lo cual es muy importante. Agregó que los riesgos jurídicos técnicos y ambientales aparecen cuando existen en los procesos de trabajo datos inventados, fotografías ajenas, estudios o análisis que no se realizaron, o información incompleta o alterada.

Texto, Fotografía y Video: Cámara de Diputados