30 de septiembre de 2026

El dictamen fue enviado a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales

El Senado de la República aprobó el dictamen que reforma la Ley de Inversión Extranjera para fortalecer la evaluación de las adquisiciones realizadas mediante inversión extranjera que puedan representar riesgos o amenazas para la seguridad nacional.

El proyecto derivado de una iniciativa que envió la titular del Poder Ejecutivo Federal, Claudia Sheinbaum Pardo y que fue aprobado en lo general con 65 votos a favor y 30 en contra, plantea ampliar la integración de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras (CNIE), para incorporar a las personas titulares de las secretarías de Defensa Nacional, Marina y Seguridad y Protección Ciudadana.

Establece que cuando se analicen asuntos de seguridad nacional, participarán permanentemente, con voz, pero sin voto, la Fiscalía General de la República (FGR), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF); además, podrá convocarse extraordinariamente a la persona titular de la Presidencia de la República.

Además, precisa que la Comisión Nacional deberá presentar al Congreso de la Unión un informe semestral sobre su gestión en materia de seguridad nacional y que esta instancia pueda comparecer ante las comisiones competentes.

Con las reformas, por razones de seguridad nacional, se requerirá la resolución favorable de la CNIE para que la inversión extranjera participe, directa o indirectamente, con un porcentaje mayor al 49 por ciento del capital social de una sociedad mexicana cuyo valor total de activos, al momento de someter la solicitud de adquisición, rebase el monto que determine la Comisión mediante resolución general y cuya actividad económica corresponda a alguna de las siguientes:

Tecnologías críticas y productos de doble uso, incluidas la inteligencia artificial, la robótica, los semiconductores, la ciberseguridad, las tecnologías aeroespaciales, de defensa, de almacenamiento de energía, cuánticas y nucleares, así como las nanotecnologías y biotecnologías.

Además del suministro de insumos fundamentales, como energía o materias primas, y la seguridad alimentaria, así como el acceso a información sensible, en particular, datos personales, o la capacidad de controlar dicha información.

En el proyecto se sustituye la referencia al salario mínimo por la Unidad de Medida y Actualización (UMA), para el cálculo de las multas.

Por ello, para el caso de que la sociedad mexicana transmita, ceda, entregue o transfiera la participación accionaria al inversionista extranjero, a pesar de haber recibido la denegación de autorización de la adquisición por parte de la Comisión o sin haber obtenido una resolución favorable previamente, se impondrá una multa de cinco mil a 200 mil veces el valor diario de la UMA.

En caso de incumplimiento a las acciones de mitigación del riesgo dispuestas por la Comisión, se impondrá una multa de cinco mil a 200 mil veces el valor diario de la UMA.

El presidente de la Comisión de Economía, Emmanuel Reyes Carmona, afirmó que las reformas buscan equilibrar la apertura económica de México con la protección irrestricta de la seguridad nacional y la soberanía. Proteger la estabilidad del Estado mexicano no está peleado con recibir inversión internacional, al contrario, la madurez de una nación se mide en su capacidad de atraer capitales y mantener el control absoluto de sus intereses estratégicos, aseveró.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, expresó que México está abierto al mundo, pues busca mayor inversión, tecnología, empleos y crecimiento, por eso, las reformas pretenden definir los instrumentos que debemos tener como país, cuando una inversión busca incidir en sectores estratégicos.

La senadora de Morena, Octavia Hernández Farret, consideró que esta propuesta es un incentivo para que más mexicanas y mexicanos que radican en el exterior decidan invertir su dinero en proyectos productivos en nuestro territorio; incluso, para que puedan generar nuevos negocios, empleos e infraestructura para las comunidades de donde son originarios.

En tanto, el senador Miguel Márquez Márquez, del PAN, dijo que el cuidado de la seguridad nacional y de las inversiones requiere de un procedimiento extraordinario, pero incluir al Ejército en las tareas ordinarias de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras -un órgano de naturaleza civil y económica no militarizado-, no contribuye a atraer capitales.

Del PVEM, Juanita Guerra Mena, explicó que para el desarrollo económico es necesario que la tecnología sea un ente estratégico para nuestro país, pero también debe ser regulado, por ello dijo que la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo busca conciliar las condiciones favorables para la inversión, fortalecer los mecanismos institucionales y proteger la seguridad y la soberanía nacional.

Por su parte, Claudia Edith Anaya Mota, del PRI, dijo que el proyecto aborda la inversión extranjera en áreas estratégicas y la participación de las Fuerzas Armadas en ello, por eso sus funciones tienen que ser reguladas y claramente delimitadas, “seamos muy estrictos y pulcros en lo que sí pueden hacer y lo que no pueden hacer”.

De MC, Francisco Daniel Barreda Pavón aseguró que “no necesitamos militarizar la política de inversión extranjera para proteger la seguridad nacional”, y que las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina deben intervenir cuando una adquisición pueda comprometer instalaciones estratégicas, tecnológicas sensibles, infraestructura crítica o la defensa del país.

Senadores del Grupo Parlamentario del PRI y de Movimiento Ciudadano presentaron reservas al proyecto; sin embargo, la asamblea las rechazó y el dictamen quedó en sus términos, por lo que fue aprobado en lo particular, con 65 votos a favor y 28 en contra, y enviado a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.

Texto y Fotografía: Cámara de Senadores