20 de octubre de 2026

Destacan la importancia de las reformas a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos

En la sesión vespertina de este martes, diputadas y diputados de Morena, PAN, PVEM, PT, PRI y MC fijaron sus posturas respecto al dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, cuya finalidad es sancionar el reclutamiento forzado de personas.

Se ha tenido un vacío jurídico para identificar el reclutamiento

La diputada Elena Edith Segura Trejo (Morena) sostuvo que la falta de una tipificación específica no significa que el reclutamiento no exista, sino que durante años se ha enfrentado un vacío jurídico que ha dificultado el poder identificarlo, investigarlo y sancionarlo como realmente es. El reclutamiento puede llevarse a cabo mediante engaños, falsas ofertas de empleo, amenazas, violencia, coacción o aprovechándose de las condiciones de vulnerabilidad de las personas y de comunidades de altos niveles de pobreza y marginación.

Estimó que cuando una conducta no cuenta con un tipo penal propio, los hechos pueden terminar siendo investigados bajo figuras distintas como trata de personas, corrupción de menores, secuestro, desaparición o delincuencia organizada. Esta dispersión puede fragmentar los casos, dificultar su registro y permitir que la conducta específica de quienes captan, inducen o incorporan personas a estructuras criminales queden diluidas dentro de otros delitos.   

Un paso relevante para fortalecer el marco jurídico

Por el PAN, el diputado José Guillermo Anaya Llamas señaló que las y los jóvenes pueden ser capturados en las redes sociales mediante engaño, falsas ofertas de trabajo o incluso coacción. Consideró que “retirar cuentas es necesario, perseguir delincuentes es urgente, detener a los responsables es indispensable, pero también se necesita una ley que permita perseguir eficazmente a quienes reclutan y a la vez proteger integralmente a quienes son reclutados”.

Este dictamen, dijo, representa un paso muy relevante para fortalecer el marco jurídico, “debemos asegurar que la respuesta penal alcance a quienes capten, inducen, manipulan e incorporan a menores de edad a las estructuras criminales y que la protección de las víctimas no quede subordinada a su participación en hechos delictivos derivados del reclutamiento”.    

Que menores no sean convertidos en instrumentos de la delincuencia

En su turno, la diputada Liliana Carbajal Méndez (PVEM) resaltó que no se puede permitir que quienes se dedican a cometer delitos encuentren en la vulnerabilidad, el engaño, la intimidación o la violencia, un mecanismo para ampliar las estructuras criminales.   “Tampoco podemos aceptar que niñas, niños y adolescentes sean convertidos en instrumentos de delincuencia y privados de su derecho de vivir en libertad”.

Precisó que esta propuesta de modificación a la ley representa un paso necesario para cerrar los espacios a la impunidad y reconocer con claridad jurídica una conducta que ha sido utilizada por organizaciones criminales. Se establecen penas de 10 a 20 años de prisión y de cinco mil a 50 mil días de multa para quien, con cualquier medio, mediante engaño o incluso sin él, reclute a una o más personas para formar parte de un grupo delictivo para realizar cualquier de las actividades delictivas previstas en la ley.

Reclutamiento forzado es la puerta para desapariciones

A su vez, el diputado Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja (PT)anunció su voto a favor del dictamen porque el delito de reclutamiento forzado es la puerta para desapariciones, tortura, homicidios y otros delitos de mayor envergadura. Esta actividad es tan grave que es la base del potencial de los grupos delictivos, junto con el lavado de dinero y el tráfico de armas

Esta legislación, añadió, ayudará a combatir a la criminalidad y “hacemos votos porque con ese mismo espíritu se cierren otros vacíos legales que todavía tiene la criminalidad para cometer los delitos. Subrayó que este dictamen permitirá cerrar los vacíos legales, combatir el reclutamiento criminal desde su origen y dejar claro que ninguna organización criminal puede estar por encima de la libertad, la dignidad y la vida de las personas.

Proteger a la infancia no admite indiferencia

En tanto, el diputado Miguel Alejandro Alonso Reyes (PRI) invitó a votar a favor del dictamen, “porque proteger a la infancia y a la juventud es una responsabilidad que no admite indiferencia, no se trata de leyes solamente, se trata de vidas de niñas, niños y adolescentes que aún pueden ser salvados, soñar, crecer y construir un presente y futuro apartado de la violencia”.

Aseguró que el dictamen debe formar parte de una respuesta efectiva que incluya otras reformas y presupuesto etiquetados para una atención integral a las víctimas del reclutamiento. “Hagamos que la justicia llegue a quienes hoy son sometidos y violentados para garantizarles su legítimo derecho a un porvenir próspero y en paz”.

Se enfrentará de manera efectiva el reclutamiento

El diputado Pablo Vázquez Ahued (MC) afirmó que esta reforma es muy relevante porque desde el Poder Legislativo, después de dos años de que se han presentado diversas propuestas y se han discutido, se ha logrado un dictamen de cómo sí enfrentar de manera efectiva el reclutamiento por parte de la delincuencia organizada con una reforma a la ley y que va a ser una legislación “que nos va a servir para que todas las fiscalías, tanto la general como las estatales, asuman sin ambigüedades sus responsabilidades con un marco de investigación y persecución de este delito”.   

“Esperamos que llegue a buen puerto en el Senado de la República, próximamente concluya su trámite legislativo y pueda transitar una reforma tan importante en el combate a los grupos de la delincuencia organizada y que, sobre todo, se ancla en un trabajo plural, de consenso, diálogo profesional y con visión de largo plazo por todas las fuerzas políticas”, puntualizó.

Posturas a favor

La diputada Laura Irais Ballesteros Mancilla (MC) expresó que la reforma es importante, porque niñas, niños y adolescentes están siendo reclutados, amenazados y utilizados por organizaciones criminales que se aprovechan de su vulnerabilidad en sus comunidades y por la ausencia de oportunidades y del Estado. “Hoy damos un pequeño paso para garantizar a la niñez y juventudes que puedan tener al Estado de su lado para protegerles”.

Ofelia Socorro Jasso Nieto, diputada del PRI, comentó que entre 145 mil y 250 mil niñas, niños y adolescentes están en riesgo de ser reclutados por grupos delictivos, por lo que su protección debe estar por encima de cualquier diferencia política. Hizo un llamado a las autoridades para que la reforma cuente con los recursos, la coordinación y acciones necesarias para garantizar absolutamente su cumplimiento.

Para la diputada Lilia Aguilar Gil (PT) el reclutamiento forzado había sido invisibilizado durante años y es un mal que se ha dispersado en todos los niveles y estratos de la sociedad. “Hoy discutimos que el reclutamiento forzado se reconozca y se visibilice. Hoy hacemos un reto al crimen organizado diciéndoles que nuestras niñas, niños y adolescentes no se tocan. El reclutamiento también se hace a través de plataformas digitales y del engaño y amenaza”.  

La diputada Fátima Almendra Cruz Peláez (PVEM) afirmó que el reclutamiento forzado es una de las manifestaciones más preocupantes de la violencia vinculada a la delincuencia organizada, y su crecimiento, pone de manifiesto la necesidad de fortalecer los mecanismos para prevenir, investigar y sancionar estas conductas y garantizar la protección de las víctimas; por eso, hoy se tipifica el delito y se atiende esta problemática.

Noemí Berenice Luna Ayala, diputada del PAN, destacó que al menos 30 mil menores de edad participan en México en actividades vinculadas con la delincuencia organizada, quienes “deberían estar construyendo sueños y no aprendiendo a cometer delitos”. Se calcula, dijo, que entre 145 y 250 mil menores de edad viven hoy en riesgo alto de ser captados por el crimen organizado. Aplaudió que hoy los grupos parlamentarios vayan en unanimidad para aprobar el dictamen.

En opinión de la diputada Julieta Kristal Vences Valencia (Morena) entre las causas del reclutamiento son la pobreza y la deserción escolar. “No basta con legislar ni cambiar las leyes. Tenemos que echar a andar reformas y políticas públicas a favor de las comunidades y pueblos indígenas. Votemos a favor de esta reforma, de la niñez y en contra de aquel delincuente que cometa este tipo de delitos”. 

Texto, Fotografía y Video: Cámara de Diputados