20 de octubre de 2026

Estima un monto de 254 mil 970 millones de pesos, que representan 20 mil 280 millones de pesos más

La Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, que preside la diputada Naty Poob Pijy Jiménez Vásquez (Morena), aprobó su opinión positiva al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2027.

La diputada Jiménez Vásquez dijo que la opinión, que incluye las observaciones y propuestas de las y los integrantes, considera que el Presupuesto incorpora progresivamente la lógica constitucional de derechos colectivos, autonomía, sujetos de derecho público, territorialidad, y participación directa en el ejercicio de los recursos. 

Informó que “para el año fiscal 2027 se tiene un monto de 254 mil 970 millones de pesos, lo que representa 20 mil 280 millones de pesos más”.

Precisa que se identificó que el Anexo 10 pasa de 23 a 20 Ramos generales y se destaca la estructura con base en seis objetivos estratégicos: el reconocimiento y garantía de derechos como sujetos de derecho público, la libre determinación y autonomía, el desarrollo, salvaguarda y distribución del patrimonio cultural, material, e inmaterial,

También, fortalecimiento económico, infraestructura y desarrollo territorial, los planes de justicia, desarrollo regional, asignación directa de recursos, y el bienestar integral de mujeres, niñas, niños, adolescentes, jóvenes, personas adultas mayores, discapacidad de inmigrantes pertenecientes a pueblos indígenas y a pro-mexicanos.

El documento destaca que el Estado mexicano ha buscado establecer un nuevo modelo de desarrollo basado en el bienestar de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos, mediante la construcción de un marco jurídico que ayude a eliminar las condiciones de pobreza, desigualdad e injusticia en las que viven.

Señala que el Presupuesto es una herramienta clave en aras de la libre determinación y autonomía y la posibilidad que se da a los pueblos y comunidades de gestionar sus propios recursos podrá hacer realidad la facultad de priorizar las inversiones con base en sus necesidades reales y apremiantes, optimizando su ejercicio para lograr un beneficio y desarrollo colectivo y oportuno.

Indica que la reducción de Ramos no implica una disminución de la cobertura de las políticas públicas; por el contrario, obedece a una reorganización alrededor de objetivos presupuestarios claramente definidos.

“Resulta notable que el PPEF 2027 presenta una estructura que permite identificar con mayor claridad los objetivos vinculados con derechos constitucionales” menciona el texto.

Considera indispensable que cualquier reconfiguración administrativa preserve la trazabilidad del gasto y permita conocer con precisión qué dependencia, programa y unidad responsable ejecutará cada recurso; por ello, presentamos un comparativo Ramo por Ramo y con base en los programas presupuestarios de éstos.

Aprueban proposiciones con punto de acuerdo

Posteriormente, la Comisión aprobó un punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados solicita al titular del Poder Ejecutivo de Puebla que valore la instalación de una mesa de trabajo interinstitucional para analizar, con enfoque de derechos humanos, pertinencia cultural y seguridad jurídica, los antecedentes y las posibles vías de atención de los asuntos relacionados con los derechos territoriales de pueblos y comunidades indígenas de la Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcóatl (RETAQ), así como de las personas y colonias adyacentes de la periferia que pudieran tener interés legítimo en ellos.

El texto sugiere que dicho mecanismo facilite la coordinación entre las autoridades competentes, la integración e intercambio de información documental, la escucha de las comunidades y demás personas interesadas, y la canalización de cada asunto a las instancias administrativas, agrarias o jurisdiccionales que correspondan, sin prejuzgar sobre la titularidad de los bienes ni sobre la procedencia de restituciones, reversiones o cualquier otra determinación, las cuales deberán resolverse conforme al marco jurídico aplicable y con respeto a los derechos de todas las partes.

En otro punto de acuerdo se solicita a las legislaturas locales para que concluyan, impulsen y, en su caso, fortalezcan los procesos de armonización de sus constituciones locales, leyes y demás ordenamientos jurídicos que resulten necesarios para dar cumplimiento integral a la reforma del artículo 2° de la Constitución Política, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de septiembre de 2024, en materia de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.

Lo anterior, con especial atención al reconocimiento y ejercicio efectivo de los derechos relativos a la libre determinación y autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propio, sistemas normativos, participación y representación, derechos culturales y lingüísticos, derechos territoriales, desarrollo integral, ejercicio y administración de recursos públicos, así como aquellos derechos reconocidos en el artículo 2° constitucional y en los instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano es parte.

Además, pide a los congresos locales que en los procesos de armonización normativa, derivados de la reforma al artículo 2° constitucional, garanticen la participación efectiva de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, mediante los procesos de consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe que resulten constitucional y legalmente procedentes, a través de sus instituciones y autoridades representativas y con la finalidad de alcanzar acuerdos sobre las medidas legislativas susceptibles de afectarles directamente.

Invita a las legislaturas de las entidades federativas a informar a la Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, sobre el estado procesal y los avances registrados en sus respectivos órganos parlamentarios respecto a las iniciativas y dictámenes orientados al cumplimiento de la armonización constitucional en la materia, para lo que se procurará generar un mecanismo de intercambio de información que permita identificar avances, buenas prácticas y retos en los procesos locales de armonización, respetando en todo momento las competencias constitucionales de las entidades federativas y el principio de autonomía de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.

Otro punto de acuerdo aprobado solicita al Ayuntamiento de Temoaya, Estado de México, que valore e instrumente un mecanismo administrativo accesible para facilitar la comercialización directa y tradicional de hongos comestibles, quelites, plantas y otros productos de procedencia legal por personas integrantes de pueblos y comunidades indígenas, considerando la temporalidad y escala de la actividad, así como la seguridad, salubridad, movilidad y derechos de terceros.

Texto, Fotografía y Video: Cámara de Diputados