Ciudad de México, 21 de abril de 2026

Las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y de Medio Ambiente y Recursos Naturales llevaron a cabo una mesa de trabajo con el titular de la STPS, Marath Bolaños López, para analizar la iniciativa que modifica las leyes Orgánica de la Administración Pública Federal, la de Comercio Exterior y la Federal del Trabajo, respecto a la certificación laboral para la agroexportación y protección de los ecosistemas forestales.

En la mesa denominada “Certificación laboral para la Agroexportación”, la presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, diputada Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado (Morena) dijo que la iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum es muy importante para trabajadoras y trabajadores agrícolas que durante muchos años han vivido sin certeza laboral y expuestos a riesgos que vulneran sus derechos.

Refirió que en México más del 80 por ciento de quienes trabajan en el campo se encuentran en condiciones de informalidad y sin acceso efectivo a las prestaciones laborales, por lo que con la iniciativa de la presidenta se plantea modificar esta realidad.

Subrayó que el desarrollo del país no puede desligarse de la justicia social ni de la protección del medio ambiente, toda vez que la productividad y la sostenibilidad “es nuestra responsabilidad”.

En tanto, la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, diputada Gabriela Benavides Cobos (PVEM), expuso que el trabajo agrícola se encuentra en una condición de informalidad importante, sin contratos ni accesos a derechos básicos.

Asimismo, dijo, la expansión de actividades agropecuarias, especialmente aquellas orientadas a la exportación, han tenido impactos importantes en la deforestación y la pérdida de los ecosistemas forestales.

Consideró que la propuesta de reforma no solo responde a una necesidad de fortalecer un modelo laboral más justo para los trabajadores del campo y, por supuesto, para cuidar el medio ambiente, sino también al cumplimiento de compromisos internacionales como el T-MEC y los convenios con la Organización Internacional del Trabajo que establecen la obligación de garantizar condiciones laborales dignas y la protección del medio ambiente en las cadenas de producción.

Entre los elementos más relevantes, detalló, se recomienda facultar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a emitir certificados laborales en la agroexportación, que acrediten que las empresas cumplan con sus obligaciones en materia laboral y de seguridad social.

Además, se contemplan medidas de comercio exterior no arancelarias; es decir, requisitos adicionales a los impuestos para asegurar que los productos agrícolas que se exportan cumplan con estándares laborales y ambientales.

Diputadas y diputados

El diputado Daniel Murguía Lardizábal (Morena) enfatizó que la iniciativa es de gran relevancia en materia de justicia laboral, cuidado al medio ambiente y cumplimiento de compromisos comerciales e internacionales. Solicitó conocer qué programas de acompañamiento o asistencia técnica brindará la Secretaría a los pequeños y medianos productores agrícolas para que la obtención de este certificado sea una herramienta de desarrollo y formalización.

En su turno, el diputado Fernando Mendoza Arce, de Morena, sostuvo que el certificado representa un cambio estructural en el sector, pero muchas pequeñas y medianas empresas temen no estar listas para cumplir con los nuevos requisitos en los plazos establecidos, por lo que es importante conocer qué mecanismos de acompañamiento, capacitación y gradualidad se contemplan para la verificación de los derechos laborales. 

Del PAN, el diputado Theodoros Kalionchiz De la Fuente manifestó que su grupo parlamentario aplaude este tema. “Estamos a favor de que se proteja a las y los trabajadores del campo”. Estimó que existen algunas áreas de oportunidad para enriquecer la reforma, como la activación gradual por cultivo, un mecanismo de contingencia para perecederos y un esquema diferenciado para pequeños productores. “Ojalá que podamos llegar a un consenso para poderlo enriquecer”.

Margarita García García, diputad del PT, hizo notar que esta propuesta es para la protección de las y los trabajadores del campo y del uso del suelo en la prevención de la deforestación. Preguntó si habrá algún apoyo para el cuidado de la tierra; sobre los trámites, independientemente del de la certificación que se va a hacer con las empresas, y qué se tiene planeado para incentivar a los campesinos a fin de que se vean motivados a seguir trabajando sus tierras.

En su intervención, el diputado Erubiel Lorenzo Alonso Que (PRI) expresó su preocupación por algunos factores, como la socialización de esta nueva norma y certificado para quien no cuente con internet en su huerto y que no escuche a los medios de comunicación, “porque está enfocado trabajando, produciendo para que su parcela y su huerto sean altamente productivos”. Quiso saber si se tiene alguna estrategia al respecto porque es importante que el productor pueda cumplir.

La diputada Patricia Mercado Castro (MC) indicó que el dato de que el 87 de las y los trabajadores del campo están en la informalidad, “nos obliga a este tipo de reformas”. Preguntó cómo se va a intervenir a las pequeñas plantaciones donde se dan las más fuertes violaciones a los derechos laborales, y “cómo lo vamos a garantizar”; además, cómo se ve el horizonte, ya que urge que cuenten con seguridad social y la posibilidad de una vivienda.

Fortalece condiciones laborales del sector agroexportador: Baruch Bolaños

El secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Baruch Bolaños, dio a conocer que la iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum tiene como propósito reformar las leyes Federal del Trabajo, la Orgánica de la Administración Pública Federal y la de Comercio Exterior para crear un mecanismo de registro de quienes colaboran dentro de la cadena de valor de producción y exportación de los productos agroalimentarios.

Añadió que el registro se llevará a cabo con la implementación del Certificado Laboral de Agroexportación (VELAGRO), herramienta que busca fortalecer las condiciones laborales y de seguridad social de quienes participan en este rubro.

Destacó que la iniciativa ha sido construida a través de un proceso de diálogo muy amplio con los sectores involucrados, a fin de mejorar las condiciones de las y los trabajadores de una rama productiva que exportó más de 50 mil millones de dólares en productos agroalimentarios tan solo en 2024, y que de 2000 a 2024 ha crecido un 21 por ciento, “lo cual refleja la importancia del sector económico”.

En el ámbito internacional México se ubica entre los siete mayores exportadores y, por eso, el país debe avanzar en la cobertura de los derechos laborales, sostuvo.

Refirió que el año pasado había cerca de 5.3 millones de personas trabajadoras en el ámbito agrícola; de ellas, solamente 763 mil estaban registradas en el Seguro Social, lo que significa que el 87 por ciento laboran sin acceso a la seguridad social, atención médica, pensión y protección ante accidentes.

Al dar respuesta a las diputadas y los diputados, Marath Baruch Bolaños mencionó que no se aprobará algo inexistente, ya que el VELAGRO permitirá hacer uso de los beneficios de la tecnología y simplemente hacer un cruce de información y con ello ampliar derechos laborales.

Explicó que la incorporación gradual de los productos se realizará mediante un programa piloto para la instrumentación de esta medida, la cual contempla la integración de las fracciones arancelarias como el aguacate y las berries; “sectores con lo que ya hemos hablado”.

En su intervención, Alejandro Salafranca Vázquez, titular de la Unidad de Trabajo Digno de la STPS, mencionó que la certificación laboral para la agroexportación funciona a través de la Plataforma VELAGRO mediante un mecanismo de auditoría virtual, la cual revisa el cumplimiento de obligaciones de seguridad social ante el IMSS.

Agregó que se utiliza un factor técnico para vincular toneladas exportadas con mano de obra requerida; dependiendo del nivel de cumplimiento se permite la exportación por un periodo determinado y se llevará a cabo un programa piloto de un año que acompañará al sector productivo en su cumplimiento.

Texto, Fotografía y Video: Cámara de Diputados