Ciudad de México, 21 de abril de 2026

Las legisladoras de Movimiento Ciudadano, Laura Ballesteros y Alejandra Barrales, exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR), la apertura de una investigación paralela por delitos de orden federal, al advertir elementos que podrían configurar crimen organizado.

Tras el feminicidio de Edith Guadalupe, las legisladoras federales solicitaron que la FGR atraiga de oficio, como la ley mandata, el caso e inicie una investigación paralela por posibles delitos de trata de personas y delincuencia organizada.

La Diputada Laura Ballesteros Mancilla advirtió que, de acuerdo con versiones surgidas en torno al caso, existen indicios que apuntan a un posible esquema de cooptación mediante engaño, lo que podría encuadrar en el delito de trata de personas, cuya investigación corresponde al ámbito federal.

Ballesteros Mancilla expresó que conforme al artículo 7 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, las autoridades están obligadas a iniciar de oficio las investigaciones cuando existan elementos que apunten a este tipo de delitos, sin necesidad de que medie una denuncia formal.

“El Ministerio Público y los policías deben proceder de oficio con el inicio de la indagatoria en materia de trata de personas”, establece la legislación.

Al respecto Alejandra Barrales, vicecoordinadora de Movimiento Ciudadano en el Senado, afirmó que con el fin de que delitos como la trata de personas sigan creciendo las estadísticas de la impunidad es importante que la FGR atraiga este caso de alto impacto a partir de los testimonios y videos que han circulado en los medios de comunicación.

Este caso, agregó, refleja el modus operandi de los grupos criminales en los medios digitales y la facilidad con la que operan y captan a mujeres, niñas y adolescentes, en un contexto de alta precariedad y de desigualdad.

Ambas coincidieron en que la FGR debe abrir una carpeta de investigación paralela, es decir atraer el caso, dado que los delitos relacionados con trata y delincuencia organizada son perseguidos de oficio y requieren la intervención de instancias federales especializadas.

Asimismo, recordaron que la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), adscrita a la FGR, cuenta con atribuciones para investigar hechos que involucren la participación de tres o más personas organizadas de manera permanente o reiterada, conforme a lo establecido en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

Entre los elementos señalados se encuentran posibles roles diferenciados en la comisión del delito, como vigilancia, captación de víctimas y manipulación de cámaras, lo que podría sugerir la existencia de una estructura organizada y no de un hecho aislado.

De acuerdo con las legisladoras, también se debe considerar que la captación mediante ofertas de trabajo falsas constituye un modus operandi recurrente en redes de trata, lo que abre la posibilidad de que existan otras víctimas potenciales vinculadas al mismo esquema.

Subrayaron que corresponde a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México mantener y profundizar la investigación por el delito de feminicidio, al tratarse del ilícito que derivó en la privación de la vida de la víctima y cuya competencia es del fuero común.

Para finalizar precisaron que ambas vías de investigación no se contraponen, sino que permiten abordar el caso de manera integral: mientras la fiscalía local debe esclarecer los hechos y sancionar el feminicidio, la instancia federal puede investigar la posible existencia de redes de trata o estructuras criminales vinculadas.

Texto y Fotografía: Cámara de Diputados