Ciudad de México, 28 de mayo de 2026

La diputada María Guadalupe Morales Rubio (Morena), a nombre de la Comisión de Reforma Política-Electoral, fundamentó el dictamen que establece el marco regulatorio para la integración y funcionamiento de la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas.

Mencionó que el documento que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, deriva de una iniciativa enviada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, con el objetivo de establecer y fortalecer mecanismos que promuevan una labor cotidiana entre el Instituto Nacional Electoral, los partidos políticos y las instancias competentes en materia de seguridad, inteligencia, procuración de justicia y financiera en el país.

Ello, para un intercambio de información efectivo y eficiente a fin de garantizar la integridad de las personas que aspiren a cargos de elección popular y que los partidos políticos cuenten con información suficiente, relevante y oportuna respecto a la integridad de los perfiles de las y los candidatos.

Para alcanzar ese objetivo –explicó– se propone la creación de una Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas que estará conformada por cinco consejerías del INE y será el vínculo entre las autoridades encargadas de revisar los perfiles de las personas candidatas y los partidos políticos, que voluntariamente opten por este mecanismo de revisión de antecedentes ante la ciudadanía.

Morales Rubio indicó que la propuesta no trastoca la autonomía de los partidos, porque se trata de un análisis de riesgo que será informativo para los institutos políticos y de ninguna manera es vinculante.

Precisa que la entrega de información será siempre voluntaria, total o parcial por parte de los partidos y candidaturas independientes y obliga a estos a establecer mecanismos para que las y los aspirantes manifiesten su conformidad con dicho análisis.

Además, las atribuciones de esta Comisión serán garantizar la confidencialidad de la información, revisar esta información y remitirla a las instancias de seguridad, inteligencia, justicia y financieras, así como recibir los resultados y notificar a los partidos sobre la existencia de riesgo razonable, sin señalar el asunto específico.

Subrayó que la Comisión será permanente y un órgano técnico, especializado e institucionalmente robusto. El Instituto no será responsable de realizar ninguna de las revisiones de la integridad de los perfiles, ni de diagnosticar si existe un riesgo o no por irregularidades o posibles existencias de delitos. El INE no será juez ni parte en este nuevo proceso que busca evitar que la corrupción o intereses ajenos o criminales al bienestar del Estado mexicano puedan acceder a cargos públicos.

Argumentó que la reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales sienta las bases para una coordinación inédita, con el único fin de sumarse al combate de una problemática que ya atiende el gobierno de México. Con la coordinación entre el INE, el Centro Nacional de Inteligencia, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Fiscalía General de la República, no aumenta la burocracia.

Resaltó que no se pretende estigmatizar a quienes aspiran a un cargo de elección popular, se trata de prevenir y cerrar el paso a quienes de manera clara y evidente no deberían acceder a cargos de esta envergadura. La Comisión será un enlace entre los partidos políticos y las instancias que poseen y doten la información sensible con las que cuenta el Estado.

De igual forma, respeta la autonomía de los partidos políticos y los dota de más y mejores herramientas para ejercer con mejor responsabilidad su facultad exclusiva de postulación.

La reforma es plenamente constitucional, respeta el debido proceso, el derecho a ser votado y la autodeterminación partidista; no establece ni sugiere quién puede ser elegible y quién no, tampoco crea sanciones ni limita derechos, solo crea un mecanismo preventivo de información institucional que pueden utilizar los partidos políticos, enfatizó.

En la sesión extraordinaria de este jueves 28 de mayo puntualizó que “es un primer paso, firme, fuerte y decidido para enfrentar el riesgo real de que los intereses ajenos a la voluntad popular puedan llegar a las boletas electorales. Este Congreso está dispuesto a proteger el presente y el futuro democrático de la nación, y aprobar el dictamen es cerrar el paso a la injerencia de intereses criminales, corruptos y antipatriotas”.

Texto, Fotografía y Video: Cámara de Diputados