Ciudad de México, 23 de abril de 2024

Honorable Asamblea:

Cuando México iniciaba su camino de libertad, la disyuntiva entre el centralismo y el federalismo se colocó en el centro nodal de las decisiones. En esa coyuntura, un grupo de connotados liberales se daban cita en el segundo Congreso Constituyente de México, el de 1823 y 1824, que tendría la responsabilidad histórica de dar por primera vez a los Estados Unidos Mexicanos las reglas que requería para formar su nueva estructura política y social.

Personajes como Miguel Ramos Arizpe, Fray Servando Teresa de Mier, Carlos María Bustamante, Ignacio López Rayón, José Miguel Guridi y Alcocer, Juan de Dios Cañedo, Manuel Crescencio Rejón y don Valentín Gómez Farías, entre muchos otros más, concretaron los cimientos del amanecer de la nación mexicana.

El Acta Constitutiva con 36 artículos y la Constitución de 1824 con 171 numerales lograron marcar las directrices que hoy, después de dos siglos, siguen vigentes: una República Federal que en aquel entonces se depositaba en nueve estados y cinco territorios; una división de poderes, con un Congreso bicameral depositado en una Cámara de Diputados y en otra de Senadores de la República; un Poder Ejecutivo unipersonal, que sería ocupado a partir del 10 de octubre, de ese mismo año por don Guadalupe Victoria, primer presidente de los Estados Unidos Mexicanos, y como vicepresidente don Nicolás Bravo, así como un Poder Judicial que recaía en una Corte Suprema y en Tribunales de Circuito y en Juzgados de Distrito.

Esta Constitución consagraba los principios del federalismo y otorgaba a los estados una amplia autonomía en asuntos locales, mientras que reservaba ciertas competencias al Gobierno Federal.

Las ideas republicanas y la organización federalista del Estado tuvieron línea de continuidad en los textos constitucionales de 1857 y 1917; en el primer caso con el aporte que emanó de la visión liberal y, en el segundo, con la tesis de la justicia social.

En la actualidad tiene lugar una amplia polémica sobre la forma de instrumentar y potenciar nuestra vocación federalista en cuanto a distribución de facultades y entre la federación y los estados.

El federalismo como forma de Estado impacta la dimensión regional del desarrollo, de la política ambiental, educativa, la política social, la política fiscal, de seguridad, la económica y cultural; en efecto, a través de él se organiza la vida política y la participación del Estado en todo el territorio del país.

Por eso, podemos decir que si bien el debate sobre el régimen federal fue determinante en 1824, 200 años después sigue siendo un asunto que gravita de forma relevante en el alma de esta República.

Está en pie la aspiración de lograr la conjunción entre un gobierno federal fuerte y vigoroso, con gobiernos estatales y municipales igualmente sólidos y fortalecidos. La educación y la ecuación federalista implica que el diálogo entre lo nacional y lo local para mejorar la conjunción de esfuerzos pasa, necesariamente, por mirar el desarrollo del país desde los logros de cada comunidad y de convertir los grandes triunfos de la nación en conquistas para sus estados y municipios.

Estamos ante el reto de cómo aprovechar y potenciar mejor las capacidades y vocación de nuestros estados y municipios, dentro del marco del federalismo que nos organiza, que nos integra en este maravilloso territorio nacional.

Es cuanto y muchas gracias.

Texto y Foto: Cámara de Diputados