Ciudad de México, 22 de abril de 2026

Maki Esther Ortiz Domínguez, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, alertó que el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente estima que, sin medidas urgentes, el costo global de la mala gestión de residuos podría llegar a 640 mil millones de dólares en 2050, lo que generará efectos devastadores, no sólo en materia económica, sino en la salud y en el medio ambiente.

Al inaugurar el Foro “Residuos peligrosos, retos regulatorios, inspección ambiental y buenas prácticas”, la senadora del PVEM abundó que la Organización Mundial de la Salud estima que cerca del 15 por ciento del total de los residuos generados son peligrosos, y que la quema de este tipo de elementos libera monóxido de carbono y metales pesados asociados con afectaciones a la salud como el asma, la bronquitis, la enfermedad pulmonar crónica, enfermedades cardiovasculares, afectaciones en el desarrollo infantil y cáncer.

En México, agregó, el Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de los Residuos 2020 de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) reportó dos mil 203 sitios de disposición final en el país y ocho de cada 10 con tiraderos a cielo abierto.

Aunque reconoció el trabajo de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, (PROFEPA), ya que en su informe de actividades 2025 se reportaron mil 959 inspecciones a empresas generadoras y prestadoras de servicios en materia de residuos peligrosos, aceptó que muchos casos pueden permanecer fuera del “radar” de la autoridad, por limitaciones de capacidad humana, técnica, presupuestal y operativa.

Por su parte, la senadora Juanita Guerra Mena, integrante de la Comisión de Salud, detalló que el objetivo de este foro es generar un diálogo técnico e institucional que permita analizar los retos actuales en la regulación, la inspección y la vigilancia, así como fortalecer las buenas prácticas en toda la cadena de manejo de los residuos.

En tanto, el senador Gilberto Hernández Villafuerte, del PVEM resaltó la importancia de seguir avanzando en las regulaciones y hacer que “la ley se cumpla”, ya que el 92 por ciento de los municipios del país son tiraderos a cielo abierto.

Gabriela Ortiz Merino, subprocuradora de Inspección y Vigilancia Industrial de la PROFEPA, reiteró el compromiso de la dependencia de seguir manteniendo el tema de los residuos peligrosos como prioritario y darle el valor que tiene por los impactos ambientales, pero, consideró necesaria la ayuda de los legisladores para contar con normas y con leyes mucho más robustas.

“La propuesta de la PROFEPA es la creación de una Comisión Nacional de Gestión Integral de Residuos. En específico un sistema de trazabilidad digital en tiempo real para el seguimiento de los residuos”, aclaró.

Mónica Pérez Morales, vicepresidenta nacional de desarrollo sustentable y responsabilidad social de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación CANACINTRA, aseguró que esta organización está convencida que proteger el ambiente y fortalecer la competitividad industrial pueden ir de la mano, por lo que manifestó la disposición de sus agremiados para colaborar en la actualización de la regulación y en la difusión de las mejores prácticas.

“Trabajemos juntos para que la gestión de los residuos peligrosos no sea una carga sino un motor de mejora continua y sustentable para México”, sostuvo.

Texto y Fotografía: Cámara de Senadores