Ciudad de México, 22 de abril de 2026

La diputada Laura Ballesteros Mancilla (MC) informó que colectivos de familiares de personas desaparecidas presentaron cuatro solicitudes de juicio político contra Rosario Piedra Ibarra, titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por “solapamiento, negligencia y ausencia” de cumplimiento de sus funciones como presidenta del organismo.

En conferencia de prensa, acompañada de colectivos, señaló que no hay un problema más importante a atender por el Estado mexicano y en la comunidad que las desapariciones, “porque ustedes son la última célula moral que queda en nuestro país de defensa de lo que es importante, de lo que nos duele y lo que queremos con nosotros siempre y de lo que nunca debió suceder”. 

Hizo énfasis en que la crisis de desapariciones que enfrenta el país evidencia “todo lo que está mal en el Estado mexicano y en el gobierno, sin importar el color, porque ésta es una crisis transexenal que atraviesa a todos los partidos y a todos los estados de la República”.

Subrayó que en el Congreso de la Unión no pueden “ser omisos, ni cómplices, ni negligentes”, y exigió que se adopten las acciones, y en su totalidad, el informe del Comité Especializado de la ONU sobre las desapariciones.

Por su parte, Carlos Castro, vocero de la Articulación de Víctimas Unidas, explicó que los colectivos que buscan a sus familiares desaparecidos quieren interlocución con el Poder Legislativo ante la falta de respuesta del Ejecutivo.

“Venimos aquí a la Cámara de Diputados a pedir el apoyo, a denunciar y a buscar aliados, porque en el Poder Ejecutivo sencillamente no han querido saber mucho o platicar con las madres buscadoras, padres buscadores y familiares de víctimas desaparecidas”, expresó. 

Alejandra Galván, hermana de una persona desaparecida, advirtió que “el sistema no tiene la infraestructura necesaria para resolver el tamaño de esta crisis, no hay ministerios públicos o fiscales necesarios, policías de investigación, tecnología adecuada, perfiles que se requieren en este caso, ni los recursos económicos para el trabajo necesario de la localización de todos nuestros desaparecidos”.

Rosalinda Pimentel, defensora de derechos humanos, sostuvo que el Estado incumple sus obligaciones, porque “no les estamos pidiendo una dádiva, no les estamos pidiendo un favor, les estamos pidiendo y exigiendo que cumplan con sus obligaciones de brindarnos las circunstancias necesarias para el ejercicio pleno de nuestros derechos”.

Texto, Fotografía y Video: Cámara de Diputados