Ciudad de México, 8 de abril de 2024

Participaron diputadas, funcionarios, organizaciones y expertos

La Comisión de Vivienda, que preside la diputada Lilia Aguilar Gil (PT), llevó a cabo, en Ciudad Juárez, Chihuahua, el Diálogo Estatal “Sistema de Vivienda”, con la participación de diputadas, funcionarios, representantes de organizaciones y expertos, quienes compartieron sus opiniones respecto a las reformas constitucionales en esa materia, presentadas por el Ejecutivo Federal.

Lo anterior, en el marco de los Diálogos Nacionales sobre las reformas constitucionales y otras que se discutirán en el Congreso Federal, organizados por la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y las comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados.

La diputada Aguilar Gil recordó que la Jucopo de la Cámara de Diputados, así como el Senado de la República, decidieron hacer un parlamento abierto para analizar las 20 iniciativas de reforma constitucional que hizo llegar el presidente de la República el pasado 5 de febrero. 

Entre los foros regionales acordados, dijo, se eligió realizar este evento en Ciudad Juárez para analizar la propuesta de reforma al artículo 123 constitucional que se refiere a las atribuciones del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y en la cual se busca ampliar las atribuciones que actualmente tiene dicho Instituto solo para los trabajadores derechohabientes.

Resaltó que el Infonavit es una de las instituciones más importantes del país, cuenta con 5 millones de derechohabientes y un innumerable número de acciones de vivienda que no solamente tienen que ver con créditos para su adquisición, sino para mejoramiento y rehabilitación.

Aseguró que todo lo que se vierta en este foro de manera oficial será incluido en el Diario de los Debates y analizado para emitir una opinión que presentará la Comisión de Vivienda a la Comisión de Puntos Constitucionales, encargada de dictaminar.

De Morena, la diputada Rosalinda Domínguez Flores aplaudió este foro para dar a conocer la iniciativa del presidente de la República, pues tiene muchos beneficios; sin embargo, se debe analizar el tema de las mensualidades que no podrán exceder del 30 por ciento del salario de las y los trabajadores y conocer el criterio que determinará el porcentaje de descuento por cada mes de salario, del 1 al 30 por ciento.

La diputada Susana Prieto Terrazas (sin partido) dijo que se oponerse a la iniciativa porque no se conocen las corridas financieras del Infonavit para determinar si es viable, pues hay tres millones y medio de créditos impagables, un millón 200 mil casas abandonadas, casas invadidas y otras arrendadas. Cuestionó si el Instituto seguirá gastando recursos cuando un trabajador que haya obtenido el crédito de arrendamiento abandone el empleo por el bajo sueldo y no pueda pagar la renta, “con el infierno que es sacar a un inquilino”.

Al inaugurar los trabajos, el presidente municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, planteó que al dictaminar la iniciativa debe estar por encima el interés de la nación. Expresó que hay un problema que debe atenderse pues esta localidad es potencia industrial, tiene muchísima gente trabajando, pagando impuestos, pero no se ha hecho vivienda de interés social.

Participación del titular del Infonavit

El director general del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez, explicó que la iniciativa del Ejecutivo propone reformar el artículo 123 fracción XII de la Constitución Política para dotar al Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores de nuevas atribuciones para la inversión de sus recursos, y aclaró que se circunscribe a los trabajadores descritos en dicho artículo.

El Instituto, añadió, podría invertir parte de los recursos en la construcción de vivienda para sus trabajadores derechohabientes y éstas podrán ser puestas a la venta de ellos o en arrendamiento. Asimismo, establece un esquema de renta social, de tal manera que el trabajador derechohabiente que así lo decida podrá rentar las viviendas referidas y adquirir el derecho de compra si la habita por un periodo de 10 años; con ello se da progresividad al derecho de tenencia.

Sostuvo que es una reforma que amplía las actividades que hoy ya hace el Infonavit; es decir, el Fondo continuará dando créditos como hasta ahora, el sector privado seguirá construyendo viviendas y los derechohabientes contarán con más opciones para satisfacer su derecho de acceso a una vivienda.

Exponen posturas a favor y en contra

Oscar Vela Treviño, subdirector general de Planeación Financiera y Fiscalización del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, indicó que en los últimos 10 años la producción de vivienda pasó de 285 mil anuales a 133 mil. Además, su precio ha aumentado y no les alcanza a los trabajadores. Indicó que hay una imposibilidad real para adquirirla. Expresó que la reforma puede tener un impacto positivo para los derechohabientes, que hacen sus aportaciones y pueden decidir cómo usar ese ahorro.

El director sectorial empresarial del Infonavit, Carlos Gutiérrez Ruiz, afirmó que la iniciativa tiene alcances limitados, no toma en cuenta la capacidad operativa del Instituto ni considera el riesgo financiero, convierte a los trabajadores de propietarios en arrendatarios, no contempla el riesgo por antecedentes de clientelismo político y corrupción y olvida los principios fundacionales del Instituto. Por ello, invitó al Poder Legislativo a que continúe con el diálogo para que de manera conjunta con la representación de los trabajadores se analice y se logran opciones para una política nacional de vivienda.

A su vez, Mario Macías Robles, director sectorial de los trabajadores del Infonavit, sostuvo que la reforma resulta innecesaria porque propone dotar al Instituto de facultades para construir y esto ya está contemplado en la Ley. También establece la posibilidad de utilizar el ahorro en materia de vivienda para rentarla, lo que significaría desnaturalizar el sentido social del ahorro, que es la adquisición en propiedad. Propuso crear un fondo para financiar la adquisición de reservas territoriales y la activación de alianzas, así como aumentar el monto de préstamos a través de un complemento al crédito amortizable por el propio trabajador.

Isaías González Cuevas, secretario general de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), expresó su preocupación por que la iniciativa propone que la vivienda sea “para las personas trabajadoras”, pero los que aportan al Infonavit son 22 millones de trabajadores; por ello, planteó establecer: “que la vivienda que cree el Infonavit sea en propiedad para los trabajadores derechohabientes del Instituto”. Con ello, dijo, se pone el ejemplo a otros países donde financian vivienda para la renta, pero es financiada con recurso público, y el dinero del Infonavit es privado, es de las y los trabajadores. “A los dueños del dinero nos quieren hacer inquilinos”.

Carlos Francisco Viñas Heredia, presidente del Consejo Nacional de Organismos Estatales de Vivienda A.C., manifestó que en lo general la iniciativa es buena e importante, pero es muy general; hay mucho trabajo que se debe hacer, detallar y reglamentar, en temas como la limitación que habría si el Infonavit no compra vivienda en ciertos lugares y los trabajadores no pudieran rentar, los 10 años para tener la posibilidad de comprar la vivienda y qué pasaría si el trabajador pierde su trabajo, garantía y el mantenimiento.

Armando Gutiérrez Cuevas, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) Delegación Chihuahua, consideró necesario mejorar las condiciones y la dignidad de las viviendas de las y los trabajadores. Llamó a continuar con el diálogo, para crear incentivos para la accesibilidad, analizar el financiamiento, así como crear esquemas para que donde se construyan las viviendas o reservas sean en lugares accesible y cercanos a las fuentes de empleo, además de impulsar un estudio que soporte que hay una demanda solicitando el esquema de arrendamiento.

La directora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho Monterrey, Carla Luisa Escoffie Duarte, destacó la importancia del arrendamiento público que plantea la iniciativa, pues ha sido una función acotada para todos los institutos de vivienda; es la primera vez que se propone y constituye una opción más para muchas y muchos trabajadores a quienes el salario les alcanza para rentar.

Texto y Foto: Cámara de Diputados