Ciudad de México, 5 de mayo de 2024

La diputada Rodríguez González (MC) propone reformar los artículos 4º, 12 y 27 de la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas

La diputada Taygete Irisay Rodríguez González (MC) presentó una iniciativa que reforma la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), a fin de facultar a esta institución para que colabore en la planeación y elaboración de programas contra el acoso escolar a niñas, niños y adolescentes indígenas y afromexicanos.

La modificación precisa que el Instituto tendrá entre sus atribuciones “colaborar con la Secretaría de Educación Pública (SEP), planear, elaborar, implementar y promover acciones, medidas, protocolos y programas orientados a evitar el acoso escolar a niñas, niños y adolescentes indígenas y afromexicanos, entendido éste como todo acto u omisión que, de manera reiterada, agreda física, psicoemocional, patrimonial o sexualmente a una niña, niño o adolescente, realizado bajo el cuidado de las instituciones escolares”.

La iniciativa, turnada a la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, también propone la integración de la persona titular de la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en la Junta de Gobierno del INPI.

En su argumentación, explica que el INPI debe estar facultado para colaborar con la SEP, pues de nada sirve que las leyes protejan sus derechos, si éstos sufren en la escuela actos de violencia motivados específicamente por su etnia.

Subraya que para garantizar los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos es necesario impulsar medidas que activamente rompan con esas estructuras discriminatorias e impulsen acciones específicas para proteger su integridad y derechos humanos, respetar su derecho a la autodeterminación, y evitar que la dominación cultural acabe con sus costumbres, tradiciones y conocimientos.

El espacio donde se deben reforzar dichas acciones a favor de los pueblos indígenas es, particularmente, en lo referente al acoso escolar, definido en 2015 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como “todo acto u omisión que, de manera reiterada, agreda física, psicoemocional, patrimonial o sexualmente a una niña, niño o adolescente, realizado bajo el cuidado de las instituciones escolares”.

Menciona que es conveniente que la CNDH forme parte de la Junta de Gobierno del INPI, por ser ésta la entidad del gobierno que se encarga de vigilar el cumplimiento de los derechos humanos, por lo que contar con expertos para asesorar en dicha materia es especialmente importante para garantizar los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes.

Texto y Foto: Cámara de Diputados