Ciudad de México, 8 de julio de 2026

La iniciativa propone eliminar el “interés público” como causal genérica para clasificar información reservada y acotar la invocación de “seguridad nacional” a la definición prevista en la Ley de Seguridad Nacional.

Con la finalidad de evitar que la información sobre el gasto público sea reservada bajo criterios discrecionales, el senador Luis Donaldo Colosio Riojas, integrante del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, propuso reformar la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública para eliminar las causales de reserva indeterminadas.

En su exposición de motivos, el legislador de la Bancada Naranja explicó que en años recientes se ha invocado la “seguridad nacional” y el “interés público” como causales de reserva de información.

Sin embargo, la Ley de Seguridad Nacional define con precisión que la seguridad nacional son las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano.

En ese sentido, reservar información sobre la construcción de infraestructura civil, la adquisición de insumos médicos, la compra de vehículos de transporte, y la contratación de obra pública nada tienen que ver con las amenazas al Estado mexicano previstas en la ley.

“La reforma no pretende eliminar las causales legítimas de reserva de información, que son necesarias en toda democracia constitucional. Pretende eliminar aquellas que, por su vaguedad, amplitud o ausencia de definición legal, han funcionado como cajones de sastre al servicio de la discrecionalidad gubernamental, y blindar de manera definitiva la información sobre compras públicas, obras, ejercicio del gasto y concesiones contra cualquier intento de reserva”, explicó el senador.

Colosio refirió que algunos casos en los que el Gobierno federal ha incurrido a la seguridad nacional para reservar información son: los contratos de adquisición de vacunas contra Covid-19; la compra de pipas en el contexto de la lucha contra el huachicol; los costos y estudios técnicos de la refinería de Dos Bocas;  los informes de Pemex sobre la explosión del ducto en Tlahuelilpan, Hidalgo; los informes operativos del evento del 17 de octubre de 2019 en Culiacán, Sinaloa; y las estadísticas sobre robo de combustible.

“La organización Causa en Común ha documentado que estas decisiones responden a una línea política orientada a restringir el acceso a la información sobre las acciones emblemáticas del gobierno, y no a una necesidad genuina de protección de la seguridad del Estado”, sostuvo.

Ante ello, la iniciativa de reforma a la Ley de Transparencia propone:

Eliminar el “interés público” como causal genérica para clasificar información reservada.

Acotar la invocación de seguridad nacional a la definición prevista en la Ley de Seguridad Nacional.

Derogar la”paz social” y el “daños al interés del Estado” como causales de reserva.

Incorporar un nuevo artículo que establezca que nunca podrá clasificarse como reservada la información de procedimientos de contratación pública; ejercicio del gasto público; permisos, licencias y concesiones; estudios de impacto ambiental, urbano y social;

 y, declaraciones patrimoniales y de intereses de las personas servidoras públicas.

“El propósito es cerrar de manera definitiva la posibilidad de que la información sobre el uso de los recursos públicos sea clasificada como reservada bajo cualquier pretexto. Constituye una garantía estructural de que el gasto, las compras, las obras y las concesiones del gobierno serán siempre información pública, accesible, verificable y sujeta al escrutinio de la ciudadanía”, subrayó.

“Los gobiernos que actúan con apego a la legalidad no necesitan reservar la información sobre sus compras, sus obras ni el ejercicio de los recursos que les fueron confiados. La opacidad no protege al Estado; protege a quienes temen el escrutinio”.

Texto y Fotografía: Grupo Parlamentario de MC en Cámara de Senadores